Antes de iniciar nuestra exposición vamos presentar a nuestra organización. UNAPAC es una Unión de Centros de Padres de Colegios Católicos, que en conjunto y considerando nuestra presencia en todo el país, cuenta con 533.164 alumnos, representando el 15% de la población en edad escolar del país y un total de 818 establecimientos educacionales. Cabe señalar que del total de alumnos un 20% pertenecen a colegios particulares pagados, un 52% de los alumnos a colegios de financiamiento compartido y un 28% de ellos asisten a colegios subvencionados gratuitos.
En nuestro desarrollo como organización no sólo hemos establecido nexos entre los colegios del país, tanto católicos como no católicos, y organizaciones a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, participando de la UNIAPA , Unión Iberoamericana de Padres de Familia, con la ONG Familias Mundi, y con la Universidad de Santiago de Compostela, con quien tenemos un convenio de perfeccionamiento para nuestros dirigentes y colaboradores que hemos denominado CEFU.
Para empezar, deseamos destacar que respecto de la educación, los primeros responsables de educar son los padres y las madres, y esta responsabilidad constituye uno de los derechos inherentes a la persona humana, o como se dice coloquialmente, es uno de los derechos humanos. Así lo sostiene la Constitución Política del Estado en su artículo 19 Nr. 10 al señalar:
“…los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”.
En el mismo sentido se expresa la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 26 Nr. 3:
“Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Y en el artículo 18:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.” En consecuencia, los padres tienen el deber y el derecho de educar a sus hijos, e incluso, a transmitir sus propias creencias religiosas, educando en los valores que ellas promueven. Podemos decir entonces, que los padres y madres tienen un compromiso no sólo con la biología (que se expresa, por ejemplo, en el deber de alimentación) sino y por sobre todo un deber con su biografía, es decir, con los valores que los padres y madres quieren y desean transmitir para hacer de ellos personas de bien y al servicio de la comunidad.
En segundo lugar, cuando hablamos de educación pública, nos referimos a toda la educación, la educación privada, la subvencionada y la municipal, pues toda ella presta un servicio público. Todo ente educativo está al servicio de la comunidad, y su fin es prestarle un servicio, especialmente a las familias para que puedan ir educar a su hijos.
Nuestra Constitución enfatiza en que la familia es la base de la sociedad, por tanto, le debe protección. Una forma de dar esa protección es cumpliendo un rol subsidiario en la tarea educativa de los padres. Ello justifica, por ejemplo, la subvención escolar, que permite financiar parcial o íntegramente la escuela que los padres tienen derecho a escoger para sus hijos. La subvención no constituye una dádiva del Estado, por el contrario, es un deber del mismo que nace de la justicia, de la justicia distributiva más precisamente. Dentro de la tarea redistributiva del ingreso, el Estado debe asistir a las familias para que puedan elegir el establecimiento que mejor se adapte a sus necesidades. Sólo así está otorgando una verdadera protección a este derecho principal e inalienable de los padres y madres de educar a sus hijos. No puede pretenderse, entonces, que por la vía de la subvención el Estado imponga un determinado modelo o proyecto educativo, porque no es el hombre para el Estado sino el Estado para el hombre.
Esto nos lleva al tercer punto. Debe existir libertad respecto de los proyectos educativos de los establecimientos. Así podrán ofrecer sus propios proyectos y serán los padres los que tendrán que optar por una escuela u otra. Educar no es sólo entregar conocimientos, sino que también, entrega de valores, siempre y cuando no vaya en contra de la ley ni de la moral o el orden público. Esta idea matriz también se encuentra consagrada en nuestra Constitución, al consagrar en el Art. 19 Nr. 11 la Libertad de Enseñanza:
“La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”, y la doctrina ha entendido por este concepto
“cualquier acción que transmite o de testimonio de una verdad conocida, con el objeto de que se aprenda. La palabra enseñanza tiene varias acepciones, pero su significado principal es el de acción y efecto de enseñar, es decir, acción o efecto de transmitir conocimientos o habilidades\"(1).
Como cuarto punto, consideremos que debe existir libertad para abrir y mantener establecimientos educacionales. Sólo así se podría garantizar una verdadera pluralidad de proyectos educativos, siempre y cuando se cumplan requisitos en cuanto a la idoneidad moral y financiera, que deben estar señalados en la ley, existiendo una regulación y fiscalización que permita un adecuado funcionamiento del sistema.
Por último, si la educación no es de calidad no es educación, y en ella deben estar involucrados todos los actores, los padres y madres, los profesores, y toda la comunidad educativa, y por cierto el Estado, que debe procurar entregar igualdad de oportunidades a todas las familias y a todos los educandos de nuestro país.
Gracias.
Patricio Constanzo Muñoz
VicePresidente UNAPAC Chile
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Notas
(1) Henríquez Viñas, Miriam, Manual de Estudio de Derecho Constitucional, pág. 105, citando al Profesor Alejandro Silva Bascuñán
