El Padre Hurtado siempre se preguntaba ¿qué haría Cristo en mi lugar? Ya en su tiempo, en la defensa de la dignidad e indisolubilidad del matrimonio fue valiente y claro, sin ambigüedades. En esto y en muchas otras materias, siempre, como discípulo de San Ignacio ‘sintió con la Iglesia’. Uno de los textos más realistas del Padre Hurtado, publicado en Mensaje como testamento señalaba: “Hasta los cristianos, a fuerza de respirar esta atmósfera estamos impregnados de materialismo, de materialismo práctico. Confesamos a Dios con los labios, pero nuestra vida de cada día está lejos de El. Nos absorben mil preocupaciones, gentes de la casa, del negocio, de la vida social. Nuestra vida de cada día es pagana. En ella no hay oración, ni estudio del dogma, ni tiempo para practicar la caridad o para defender la justicia. La vida de muchos de nosotros ¿no es acaso un absoluto vacío? ¿No leemos los mismo libros, asistimos a los mismos espectáculos, emitimos los mismos juicios sobre la vida y los acontecimientos, sobre el divorcio, limitación de nacimientos, anulación de matrimonios, los mismos juicios que los ateos?”(La Búsqueda de Dios, en el número 12 de septiembre de 1952).
Esta reflexión del P. Alberto Hurtado hemos de tenerla presente al hacer nuestro discernimiento acerca de los diversos “avances” de la modernidad. También al leer el artículo Ley de matrimonio civil. El apoyo de parlamentarios católicos, de Mariana Aylwin e Ignacio Walker (en Mensaje 528(2004), 26-29. Es cierto, el tema de la ley de matrimonio civil es muy complejo. Por otra parte, siempre hemos de reconocer la libertad de los laicos de expresar su opinión en la Iglesia y ante la sociedad. Pero eso no puede impedir el cumplimiento del deber de los pastores de enseñar y cuidar la fe de la Iglesia.
Pronto publicará la Conferencia Episcopal una carta pastoral sobre el Matrimonio como una Buena Noticia para la humanidad. En ella mostraremos la grandeza del plan divino acerca de la unión entre un hombre y una mujer, que se prometen amor y fidelidad conforme al mandamiento nuevo. Por eso ahora, sin pretender aclarar en estas pocas líneas todos los aspectos planteados por el artículo mencionado y los subyacentes a él, consideramos que es preciso hacer algunas puntualizaciones con el propósito de encaminar el diálogo en el espíritu de la comunión eclesial y de la verdad que la fe arroja sobre la realidad del matrimonio.
Para ello, nos parece necesario recordar una reciente nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública (Los católicos y la política, noviembre de 2002), que impulsa a los católicos a comprometerse en la cosa pública y en la política. La nota expresa: “Ocurre así que, por una parte, los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para sus propias preferencias morales, mientras que, por otra parte, los legisladores creen que respetan esa libertad formulando leyes que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias (cfr. Juan Pablo II, Evangelium vitae, 22), como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor. Al mismo tiempo, invocando engañosamente la tolerancia, se pide a una buena parte de los ciudadanos -incluidos los católicos- que renuncien a contribuir a la vida social y política de sus propios países, según la concepción de la persona y del bien común que consideran humanamente verdadera y justa, a través de los medios lícitos que el orden jurídico democrático pone a disposición de todos los miembros de la comunidad política”. Los fundamentos esgrimidos en el artículo que nos ocupa, deben ser examinados a la luz de esta nota doctrinal. En efecto, hay que medir la ley aprobada con los parámetros de la concepción de la persona, del matrimonio, de la familia y del bien común que son humanamente verdaderos y justos.
Quien así lo hace, da testimonio de la verdad natural y revelada, y del amor de Dios a su pueblo. La revista, sin embargo, usa los términos de manera equívoca. Presenta el artículo en cuestión como un testimonio de laicos católicos que trabajan en política. Sin embargo, para la Iglesia católica el término ‘testimonio’ significa otra cosa (cf. Catecismo de la Iglesia Católica 905; 995). Difícilmente podrán dar testimonio de la verdad que proclama y defiende la Iglesia quienes dan su apoyo o, peor aún, promueven una iniciativa que “claramente fue rechazada por la jerarquía de la Iglesia” como lo aseguran los mismos autores. Más aún, que fue rechazada clara y enfáticamente por la tradición y el magisterio, ordinario y extraordinario, universal y local. Aún resuenan entre nosotros las palabras del Santo Padre en Rodelillo: “Queridos esposos y esposas de Chile, vuestra misión en la sociedad y en la Iglesia es sublime. Por eso habéis de ser creadores de hogares, de familias unidas por el amor y formadas por la fe. No os dejéis invadir por el contagioso cáncer del divorcio que destroza la familia, esteriliza el amor y destruye la acción educativa de los padres cristianos. No separéis lo que Dios ha unido (cf. Mt 19,6)”.
La enseñanza del Vicario de Jesucristo en defensa del matrimonio es permanente y constante, y se ha expresado de manera incansable en estos tiempos, particularmente en los discursos a los miembros del tribunal de la Rota Romana. Basta recordar una de sus afirmaciones: “El matrimonio ‘es’ indisoluble: esta propiedad expresa una dimensión de su mismo ser objetivo; no es un mero hecho subjetivo. En consecuencia, el bien de la indisolubilidad es el bien del matrimonio mismo; y la incomprensión de su índole indisoluble constituye la incomprensión del matrimonio en su esencia... Esta verdad sobre la indisolubilidad del matrimonio, como todo el mensaje cristiano, está destinada a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos y lugares” (Discurso del Papa Juan Pablo II a los prelados auditores, defensores del vínculo y abogados de la Rota Romana, con ocasión de la apertura del Año Judicial, 28 de enero de 2002).
No parece adecuado entonces dar testimonio de fe católica, invocando ‘razones en conciencia’ o una ‘opción prudencial’ o el ‘sentido común’; y todo esto, en clara oposición a la enseñanza de la Iglesia (cf. Catecismo de la Iglesia Católica 1776-1802 sobre la conciencia moral y sus características de interioridad, rectitud, responsabilidad y necesidad de formarla (en particular 1785)). Si testimonio fuera una ‘opinión’, o la aseveración de algo sin importar que sea verdadero o falso, tal vez se comprenda el artículo. Pero si testimonio es prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de una cosa, el artículo está en deuda, no convence.
Lo que había que buscar era la ‘mejor ley posible’. No tan sólo una ley ‘menos mala’. Tampoco bastaba un aparente ‘triunfo del sentido común’. Y la búsqueda de ‘protección legal’ para las familias afectadas pudo ser asegurada de otras maneras. Ella no exigía la legalización del divorcio, y menos aún del amplio divorcio aprobado. En realidad, el análisis de los principios que fundamentan la ley aprobada, y de los efectos en otros países con la evidencia empírica que se tiene hasta ahora, dice lo contrario. Y el magisterio episcopal chileno lo ha declarado oficialmente en los últimos cincuenta años ininterrumpidamente.
Entre otras cosas, el artículo afirma que “el matrimonio es, por su naturaleza, para toda la vida”. Pero si lo es por naturaleza, no se le puede disolver, es indisoluble. Es decir, la ley no podía abrir caminos para disolverlo. Y eso es precisamente lo que entienden los destinatarios de la ley: que la ley sirve no sólo para contraer matrimonio, para declararlo nulo y para que los cónyuges se separen, sino también para disolver el vínculo matrimonial cuando éste fue válidamente contraído. En esto descubren la gran novedad de la ley. En el artículo se afirma, además, que en Chile ya existía (y aún existe) el divorcio vincular, aseverando que los legisladores no han apoyado introducirlo, lo han legalizado formalmente. Dicen que así se está “regulando de mejor forma las rupturas matrimoniales”. En realidad, sólo un grupo de expertos en derecho civil dicen que las nulidades fraudulentas eran un divorcio legal. Son muchos, por el contrario, quienes no aceptan este argumento. Y por esa misma razón, fueron numerosos los jueces y los abogados que no gestionaron nulidades fraudulentas, precisamente por considerarlas un fraude y no una práctica de divorcio legal. Y quien estudie objetivamente la ley aprobada, tan amplia en sus causales de divorcio, mal puede decir que ella regula “de mejor forma” las rupturas matrimoniales, o que este divorcio sea “un claro avance en relación con la situación actual, desde el punto de vista de la protección de la familia”. Tampoco se puede decir que este cuerpo jurídico sea “una ley que llama las cosas por su nombre, con realismo y verdad, pero desde la perspectiva de la familia”. Si las llamara por su nombre, y si se sostiene que el matrimonio es para toda la vida, las rupturas serían rupturas, y las uniones extramaritales serían uniones fuera del matrimonio. Para ellas bien se pudo haber buscado una solución jurídica que llamara las cosas por su nombre.
Al final hay una declaración de intenciones: “Hemos tomado una opción prudencial... es necesario buscar el bien posible, o evitar males mayores”. Al impulsar esta nueva ley, “lo hemos hecho dentro de lo que hemos entendido como una esfera que nos es propia, referida a lo que Gaudium et Spes llama la “justa autonomía” de la política o de las realidades temporales, en que los laicos debemos actuar en conciencia (recta y formada), haciendo nuestro propio discernimiento y aquellas mediaciones que son necesarias al momento de aplicar y llevar a la práctica las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, en un verdadero diálogo entre los principios que proclamamos y la realidad social en que vivimos”. En estas frases se puede presuponer buena voluntad, pero no parece se pueda sostener que ésta sea una manera de entender, de aplicar y llevar a la práctica el Magisterio, o de ejercer la “justa autonomía” de la que habla la Constitución conciliar.
Basta recordar la reciente nota doctrinal, que afirma auténticamente la “legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir, entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural, aquella que, según el propio criterio, se conforma mejor a las exigencias del bien común”, y que disiente abiertamente de “una concepción del pluralismo en clave de relativismo moral, nociva para la misma vida democrática”. También entrega luces sobre “la conciencia cristiana bien formada”. En efecto, al analizar diversas problemáticas (entre los ejemplos concretos está la tutela y promoción de la familia) se asegura que “ningún fiel puede, sin embargo, apelar al principio del pluralismo y autonomía de los laicos en política, para favorecer soluciones que comprometan o menoscaben la salvaguardia de las exigencias éticas fundamentales para el bien común de la sociedad”.
En síntesis, los autores en su artículo intentan justificar el papel que asumieron en la creación de la reciente ley de matrimonio civil que incluye el divorcio. Sobre estas complejas cuestiones presentan una explicación de sus opiniones, que son la exposición de intenciones subjetivas, tal vez bien intencionadas, pero que no pueden ser consideradas como un testimonio de fe católica. Antes bien, contradicen enseñanzas claras del Magisterio de la Iglesia.
† Antonio Moreno C.
Arzobispo de Concepción
Presidente de la Comisión Doctrinal de la Conferencia Episcopal de Chile
† Felipe Bacarreza R.
Obispo Auxiliar de Concepción
Miembro de la Comisión Doctrinal
† Andrés Arteaga M.
Obispo Auxiliar de Santiago
Miembro de la Comisión Doctrinal
Santiago, 15 de septiembre de 2004
