El Tribunal Constitucional fue el jueves 29 de noviembre el escenario donde se desarrollaron los argumentos a favor y en contra de la llamada píldora del día después. En contra de las Normas nacionales de regulación de la Fertilidad, entre las que se cuenta la distribución del levonorgestrel, litigó la abogada Carmen Domínguez, asesora de la Conferencia Episcopal de Chile y representante de los 36 diputados que recurrieron al Tribunal para detener la distribución del fármaco.

Entre los argumentos de la abogada destacaron la inconstitucionalidad de la píldora por su posible efecto abortivo, al impedir la implantación del cigoto, y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Domínguez precisó que haber defendido esta causa fue un “gran desafío y una excelente oportunidad para participar en algo tan importante y significativo como el debate en torno a la vida del que está por nacer”.

Dentro del público se encontraba Monseñor Fernando Chomali, Obispo Auxiliar de Santiago y experto en bioética. La presencia de la autoridad eclesiástica en la sala del pleno evidenció la constante preocupación de la Iglesia sobre este tema. En la declaración difundida luego de la 94ª Asamblea Plenaria de la CECH, realizada la semana recién pasada, los obispos chilenos expresaron su "profunda tristeza" ante lo que consideran una "persistente actitud atentatoria contra la vida humana" e hicieron un llamado a las autoridades para que "acojan y protejan la vida desde su concepción hasta su muerte natural". También estuvo presente en los alegatos el diputado José Antonio Kast (UDI), requiriente y actual vicepresidente del Frente Mundial de Parlamentarios por la Vida.

En la sala también estuvieron presentes grupos de jóvenes de organizaciones pro vida rezaron mientras se desarrollaba la sesión. Según información aparecida en la prensa, ahora el Tribunal podría fallar o entrar a una etapa probatoria.

La experta en Derecho Canónico, Ana María Celis, dijo en entrevista otorgada a la Vicaría para la Familia, que “lo central es determinar su incidencia (de la píldora) en el inicio de la vida y la constitucionalidad de las medidas adoptadas por la autoridad ejecutiva”.

Ver entrevista a Ana María Celis

Fuente: Vicaría para la Familia - DOP
Santiago, 30-11-2007