Para esto se ha ingresado un “téngase presente”, firmado por el Arzobispo René Rebolledo, presidente de la CECh, argumentando que no se debe tomar razón de dicho Decreto. Las autoridades religiosas argumentan que la modificación vulnera la Constitución y normas legales vigentes, estableciendo una discriminación arbitraria hacia los objetores, limitando su derecho fundamental a la libertad de trabajo e incluso modificando administrativamente el sentido de la ley 21.030 (ley IVE).

La modificación del reglamento, en efecto, y como denuncia el documento interpuesto por los obispos, establece que se deberá preferir a los no objetores en la contratación y selección de turnos, y añade trabas burocráticas para los objetores de conciencia.

Además, impone la obligación de señalar que la objeción de conciencia es una excepción, contradiciendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Código Sanitario, que establecen que la ley IVE es una despenalización y que el aborto sigue siendo por regla general un delito. Contra esto, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal recuerda que la objeción de conciencia es un derecho fundamental garantizado por la Constitución, por la ley y por tratados internacionales, por lo que solicitan a la Contraloría que no tome razón del reglamento, al ser inconstitucional e ilegal.

Fuente: Comunicaciones CECh
CECh, 21-03-2025