La actividad política es sin lugar a dudas una de las más altas aspiraciones a las cuales está llamado un ciudadano y es también por esencia una de las más altas formas de servicio al bien común. En nuestro país durante el último tiempo se han multiplicados desde el ámbito político los proyectos de ley y las iniciativas impulsadas tanto desde el ejecutivo como de parlamentarios de distintos sectores, que buscan “regular” la llamada “agenda moral”. Entre estas iniciativas se cuentan la eutanasia, el aborto, la “píldora del día después”, la educación sexual, la clonación, las técnicas de reproducción artificial, las uniones de personas del mismo sexo, las normas de regulación de la fertilidad, los derechos y deberes de los pacientes, el uso de organismos genéticamente modificados, la creación de un comité nacional de bioética y finalmente la pena de muerte.
La biopolítica ha constatado la relación entre el poder político y sus orientaciones en materia social, económica y demográfica, ejemplo de ello son la regulación de la investigación biomédica y biotecnológica, las políticas de control de natalidad, la gestión de las organizaciones sanitarias, entre otras. En el plano teórico la biopolítica puede ser entendida desde dos visiones: la primera que separa la política y el derecho de la ética (entendida esta ultima sólo en sentido subjetivo, “hago simplemente lo que deseo”), la segunda reconoce a la ética objetiva, (esto es “realizo lo que es debido por naturaleza”) aquel horizonte de sentido tanto de la política como del derecho. De esta manera son dos los sentidos que asume la biopolítica: en el primer caso como poder arbitrario sobre la vida biológica (una política sobre la vida), en el segundo caso un buen gobierno al servicio de la persona (una política para la vida).
Se verifica hoy en nuestro país un cierto relativismo cultural, que se hace evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético, que determina la decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley moral natural. Desafortunadamente, como consecuencia de esta tendencia, no es extraño hallar en declaraciones públicas afirmaciones según las cuales tal pluralismo ético es la condición de posibilidad de la democracia. Ocurre así que, por una parte, los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para sus propias preferencias morales, mientras que, por otra parte, los legisladores y políticos creen que respetan esa libertad formulando o propiciando leyes que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias, como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor.
La historia del siglo XX es prueba suficiente de que la razón está de la parte de aquellos ciudadanos que consideran falsa la tesis relativista, según la cual no existe una norma moral, arraigada en la naturaleza misma del ser humano, a cuyo juicio se tiene que someter toda concepción del hombre, del bien común y del Estado, por lo que estamos llamados a disentir de una concepción del pluralismo en clave de relativismo moral, nociva para la misma vida democrática, pues ésta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son “negociables”.
Dr. Cristián Vargas Manríquez
Director Instituto Superior de Bioética
Universidad Católica de la Santísima Concepción
