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Debate sobre el aborto y responsabilidad politica

En la ardua discusión acerca de la despenalización del aborto en tres causales, cada vez queda más claro que se trata de una legalización del aborto encaminada a liberalizarlo a todo evento como ha ocurrido en Europa desde hace ya bastante tiempo. Lo cual es muy grave y lamentable para el país por cuanto es la vida humana inocente y más indefensa la que está en peligro con el aborto directamente provocado. Traicionando, de modo flagrante, una tradición histórica y republicana de nuestra patria en la defensa de los derechos humanos.

Entonces, desde esta premisa fundamental, cabe preguntarse por la responsabilidad de los políticos y legisladores en el cumplimiento de su función pública de legislar conforme al orden constitucional y legal vigentes en el país y en los tratados de derechos humanos vinculantes, y no solo según sus intereses de partido, exentos de toda responsabilidad ética como postulan algunos al hablar de votar en conciencia. Menos aún en un tema tan grave y complejo como es salvaguardar el derecho humano a la vida, pues para votar en conciencia hay que tener en primer lugar una conciencia rectamente formada.

Sin embargo, es precisamente en esta función en la que algunos políticos y legisladores de nuestro país están desprestigiados. Y las razones son de amplio conocimiento por parte de la opinión pública, pues la falta de ética de algunos políticos es la que ha corrompido su servicio público. Por tanto, la necesidad de regirse por principios inderogables y no negociables es lo que permitirá recuperar la credibilidad. Y esto es lo que pide, precisamente, la ciudadanía. Más aun cuando se trata de un derecho humano imprescriptible como la vida. Pues, la razón, por sí misma, nos permite conocer que hay una ley fundamental que no podemos obviar: hacer el bien y evitar el mal.

De este modo, atribuir puras razones religiosas a los grupos provida para descalificarlos es no comprender la realidad única e irrepetible de la persona humana y su dignidad garantizada en el ordenamiento jurídico.

El pragmatismo profesado desde el populismo ideológico exige derechos y libertades solo para la mujer, pero no le interesan sus deberes y la misma responsabilidad del estado en apoyarlas en situaciones de vulnerabilidad con programas de acompañamientos adecuados. Entonces se busca la solución más fácil y carente de toda responsabilidad, pero la menos humana para la madre y su hijo: el aborto directamente provocado. Sin embargo, cuando se trata de una vida inocente, ya sea de la madre o de su hijo en gestación, lo verdaderamente práctico - para bien de todos - es responder con valentía a la preservación de derechos humanos fundamentales. Respetando así la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural. Lo contrario es ceder, una vez más, a la corrupción del lobby abortista que lucra con la vida humana sin importar sus consecuencias. Lo cual, obviamente, es una expresión más de una ley inicua y como tal injusta. Y toda ley injusta permite la legítima objeción de conciencia y la desobediencia civil por cuanto atenta contra el bien común y el recto orden de la razón.

P. Fco. Javier Astaburuaga Ossa
Director Proyecto Nasciturus y Niños por la Vida