Santiago, 3 de septiembre de 1999
En estos días la opinión pública se ha impuesto de la aprobación que ha dado la Cámara de Diputados al proyecto de ley que traslada al día lunes diversos feriados que se celebran actualmente en días de semana. Entre éstos, algunos son fiestas religiosas profundamente arraigadas en la tradición de nuestra Patria.
Ante esta situación, es nuestro deber señalar lo siguiente:
1. Ciertamente está fuera de toda duda el derecho del Estado para establecer, trasladar y suprimir días feriados civiles; pero otro asunto es crear, trasladar o suprimir fiestas religiosas de los ciudadanos.
2. Tratándose de una fiesta religiosa, se atropella al grupo humano que la celebra, cuando alguien toma la decisión de trasladar la celebración sin su asentimiento. Pues bien, esto es lo que está ocurriendo con las fiestas religiosas cuya traslado está siendo decidido sin pedir su acuerdo a quienes representan a los cristianos que las celebran.
3. La decisión de trasladar fiestas como el 15 de Agosto, que tiene su origen en el siglo V y se celebra en nuestro país desde la llegada del Evangelio, o el 1º de noviembre, tan arraigado entre nosotros, violenta tradiciones y sentimientos religiosos muy profundos de nuestro pueblo. Además, se corre el peligro de provocar un gran desorden laboral, ya que el pueblo respeta estas tradiciones ancestrales de su cultura, y no las cambia en virtud de una mera disposición legal.
4. Por las razones anteriores, ya en 1915 la ley Nº 2.977 determinó cuales serían las festividades religiosas que serían celebradas con feriado legal. Previendo la posibilidad de un cambio futuro en el caso de algunas celebraciones, estableció además lo siguiente: “Estas festividades religiosas podrán ser modificadas por el Presidente de la República, en virtud de concordato con la Santa Sede”. Por lo tanto, un traslado unilateral de las festividades religiosas es contrario a la ley.
La disposición legal mencionada fue respetada por don Eduardo Frei Montalva, cuando suprimió algunos feriados.
5. Lo aprobado también es contrario al proyecto de ley que los parlamentarios acaban de votar sobre la constitución jurídica de las iglesias, que reafirma el ordenamiento jurídico propio de las confesiones religiosas que ya han sido reconocidas. Pues bien, en el caso de la Iglesia Católica este ordenamiento confirma lo determinado por la ley de 1915, al establecer que los traslados de las fiestas religiosas que se celebran en toda la Iglesia, es sólo competencia de la autoridad suprema de la misma (ver Código de derecho canónico, C. 1244).
6. Si bien nos reconforta la seguridad que el Sr. Ministro Secretario General de la Presidencia ha dado acerca de la voluntad del Gobierno de vetar este proyecto de ley, no podemos ocultar nuestra preocupación acerca del método que se aplica, sin la debida consulta y el necesario acuerdo.
7. Por eso, los Obispos de la Iglesia católica han representado a los Presidentes de ambas Cámaras la necesidad de respetar el procedimiento adecuado, que es el previsto por la ley. Y han ofrecido al Parlamento su buena disposición para colaborar en la búsqueda de una solución satisfactoria. Esta debe contemplar el bien integral de Chile, y cautelar los profundos valores religiosos que animan nuestra cultura, y le confieren trascendencia y fuerza espiritual.
Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile
