PRESENTACION ANTE LA COMISION DE SALUD DEL SENADO POR LEY DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN TRES CAUSALES
Señora
Senadora Carolina Goic B.
Presidenta de la Comisión de Salud del Senado
Señores Senadores miembros de la misma y Ministros de Estado
Saludos a todos con particular respeto
1. En nombre del Presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Ricardo Ezzati, agradezco la invitación que esta comisión hace a la Iglesia Católica para exponer su pensamiento ante esta honorable Comisión.
2. Quisiera en primer lugar señalar que la Iglesia está hoy aquí porque considera que su enseñanza y su acción –junto a las demás confesiones religiosas– son elemento esencial de nuestra nacionalidad e idiosincrasia.
Señalo desde ya, que no venimos sólo a dar una visión religiosa sobre un tema de la mayor gravedad e importancia, como es la vida humana del ya concebido y no nacido. Evidentemente, tenemos esa visión, que emerge de la revelación de Dios al hombre y de las enseñanzas de Jesucristo, que la Iglesia trasmite y enseña.
Los pastores de la Iglesia, acogiendo los aportes de las distintas ciencias, tenemos el derecho a emitir opiniones y enseñanzas sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora implica y exige la promoción de un humanismo integral. Como señala el Papa Francisco: \"Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que esta solo para preparar las almas para el cielo\". (cf. EG 182) “Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos\" (ibid). “Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo” (cf. EG 213). Porque la “defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los pode-rosos de turno. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana\".
Escribió San Alberto Hurtado: \"La Iglesia no ha cesado de hacer oír su voz a través de los siglos sobre todos los problemas que tocan la moral, tanto individual como social. Algunos han pretendido negar este derecho de la Iglesia en el terreno de lo social y confinar su acción únicamente a lo que toca directamente al altar. Toda la historia de la Iglesia constituye un franco repudio de este cercenamiento\" (Moral Social, pág. 24).
Honorables senadores:
Venimos aquí, precisamente, porque en una sociedad democrática el factor religioso –sea cual sea- es uno de los factores sociales fundamentales que integran el bien común de una comunidad política y de una verdadera democracia, donde todas las voces deben ser escuchadas, mas aun aquellas que proceden de la experiencia de humanidad que tiene la Iglesia.
Por tanto, en un estado laico como el nuestro, el factor religioso resulta esencial y conviene que sea acogido por quienes están llamados a darnos las leyes. En tal sentido nos alegramos verdaderamente que el Senado cumpla hoy esta exigencia del bien común, al llamar a dar su opinión sobre un proyecto de ley a diversas manifestaciones de la religiosidad que existen en el país, cuyos habitantes en un 85% son creyentes.
La Iglesia se presenta ante uds. como experta en humanidad, como enseñó Pablo VI. No busca ni poder, ni influencia, ni autoridad, sólo servir a todos sin distinción, especialmente a los más pobres y necesitados, según la enseñanza del Maestro. No busca vencer, sino convencer.
3. Como ayer, en los momentos de dificultad y conflicto y de las grandes discusiones y acuerdos nacionales, la Iglesia ha estado siempre presente con su palabra serena y moderada, dispuesta a servir a los más débiles, a los descartados, a los que sufren persecución o cualquier mal.
Con la misma perseverancia que ayer y representado el pensamiento de millones de chilenos que en este momento de la historia creen que se está afectando el corazón mismo de la democracia y la libertad, al ponerse en juego el derecho a la vida del más inocentes de los seres; el que espera ver la luz del día en el seguro seno de su madre.
4. Entrando en nuestro planteamiento sobre el proyecto de ley que hoy nos convoca:
Primeramente, quisiéramos referirnos a el equívoco que se ha introducido al calificar el proyecto en discusión como regulación de \"la despenalización de la interrupción voluntaria embarazo en tres causales\". Una atenta reflexión al respecto, nos hace concluir que en este caso no hay coincidencia entre lo que dice en el encabezado del proyecto y su contenido matriz, empezando por el mensaje y siguiendo luego por los artículos, formas, procedimientos y alegatos de quienes han concurrido a las diversas comisiones a defenderlo.
En efecto, el mensaje del proyecto de ley centra su fundamentación en el considerar la práctica del aborto dentro del derecho fundamental a la salud considerando que corresponde que tal derecho se arraiga en la dignidad propia de la mujer. De esta manera, desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, el aborto es parte del “trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas” y que la criminalización de éste es una “vulneración a sus derechos”. En el mensaje, se señala que el Estado debe regular la interrupción del embarazo “como una legítima prestación de salud” estimando que la legislación vigente sobre la materia “se traduciría en una vulneración de sus derechos” al no permitir el aborto.
En consecuencia, es fácil colegir que en el proyecto se considera que la interrupción del embarazo constituye es un derecho de la mujer que debe incluirse en el ordenamiento nacional. Desde una perspectiva jurídica, ello no significa la despenalización del aborto, sino que a través de su integración como un derecho de salud, lo legaliza derechamente.
Desde el principio de la buena fe e intentado salvar la buena intención de la propuesta, hemos llegado a la conclusión –y junto a nosotros muchos estudiosos y expertos– que la aprobación del proyecto promoverá y facilitará el aborto en Chile.
Todos estamos de acuerdo en que no se debe penalizar y condenar a una persona injustamente, y que en muchos casos las personas, sobre todos las con mayores vulnerabilidades, recurren a la interrupción del embarazo movidas por razones que les restan imputabilidad ética y jurídica. Sin embargo, todo el derrotero seguido por este proyecto, indica que el camino es otro. Otras muy diversas deberían ser las consideraciones si el proyecto quisiera salvaguardar la justicia para mujeres que recurren al aborto o son inducidas a el.
Entrando en las tres casuales del proyecto, quisiéramos señalar, brevemente lo siguiente:
Primera causal: Peligro para la vida de la madre
a) En cuanto a la primera causal hemos planteado con claridad, apelando a la reflexión bioética, que no constituye aborto la acción de suyo terapéutica para salvar la vida de una madre en peligro, cuando no busca eliminar directamente la vida de la persona concebida, aunque su muerte sea una posibilidad prevista, aunque no querida o buscada. Si la creatura falleciera como consecuencia no deseada ni intentada, ni como fin ni como medio, de un procedimiento directamente orientado a sanar a la mujer en situación de grave riesgo, no se podría calificar de aborto. La praxis médica bien lo sabe. (…) Siempre es posible y lícito cuidar y respetar la vida de la madre sin recurrir al aborto. (Cfr. Declaración de los Obispos de Chile, El derecho humano a la vida, a una vida digna para toda persona, Marzo 2015, N. 12).
Se trata de un principio de orden ético que encuentra sus raíces en aquel otro que manda a todo ser humano hacer el bien y evitar el mal y de aceptación universal.
Sin embargo, nos parece oportuno señalar a los miembros de la Comisión, que la redacción del art. 119 propuesta por la H. Cámara de Diputados señala que “mediando la voluntad de la mujer, un médico cirujano se encontrará autorizado para interrumpir un embarazo, en los términos regulados por los artículos siguientes, cuando: la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida”.
Estimados Senadores, no se trata en esta causal de que las consecuencia de acciones médicas para salvaguardar la vida la madre tengan como consecuencia el fin de la vida ya concebida, sino de la acción positiva y directa de interrumpir, es decir “cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo” (RAE).
Cuando este proceso se realiza directamente sobre un ser de la especia humana concebido, aquello tiene un nombre propio y particular en nuestro idioma y se llama aborto, que según la RAE es la “interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas”. No creemos justo ni legitimo proceder de esta forma, porque se está actuando directamente con una vida humana.
Segunda causal. Inviabilidad del feto
b) En el caso de la segunda causal propuesta el proyecto y en discusión en esta comisión, llamado “inviabilidad del feto” y que autoriza la interrupción del embarazo cuando “el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal” se “presentan desafíos éticos mayores. Sabemos que muchas madres y familias han continuado su embarazo llamado “inviable” hasta acoger con cariño a quien esperan, es decir, hasta su término natural, y esta actitud les ha procurado una paz que difícilmente habrían alcanzado al interrumpirlo anticipadamente. En otras ocasiones, aquellos casos que originalmente fueron catalogados de “inviables”, terminaron siendo “viables” y hoy los propios afectados agradecen la opción de sus madres de no haberlos abortado. El respeto irrestricto a toda vida humana indefensa e inocente, como también la dificultad de diagnosticar con completa certeza la situación en que nacerá el niño esperado, impide fundamentar la necesidad del aborto para estos casos. (...) También en estos casos la experiencia nos enseña que el aborto causa traumas mucho mayores que afectan a la madre y su entorno familiar. Los esfuerzos, entonces, deberían centrarse en procurar programas de acompañamiento y acogida para las madres y sus familias en estas dolorosas situaciones (Ibid, 13).
Esta incerteza médica práctica en el diagnóstico, es un elemento de análisis muy importante a la hora de decidir dar lugar a una causal como la señalada. Consiste tal certeza en la cualidad o el estado de sentirse seguro, cierto, de poseer una verdad, con ausencia de toda duda. Esa verdad sería que existe completa claridad de que el ser vivo en desarrollo no será viable. ¿Puede alguien llegar a esa certeza?
Cuando el bien en juego es de tan alto valor ético como la vida humana, ¿puede el legislador dar una norma que permita actuar con esa falta de certeza? y aun ¿es legítimamente posible poner al personal médico y a la misma madre en esa circunstancias? De aquí que la ética universal señale que no es lícito a nadie actuar con dudas en materias de las cuales puede seguirse un error grave. Que más grave que privar injustamente a un individuo humano de venir a esta tierra. ¿Y si el que no era viable lo es?
El mismo sentido común y connatural a cualquiera de nosotros nos enseña un principio ético universalmente aceptado en todos los sistemas de pensamiento: nunca se puede hacer un mal para alcanzar un bien. En nuestro caso el bien alcanzado sería privar a un ser de la raza humana de una vida difícil, enferma, incluso insoportable, y también a la madre y a su entorno de la pesada carga que ello significa. El mal realizado sería poner fin al desarrollo de un embrión antes que venga a la vida. ¿Quién de nosotros es capaz de dar un juicio acerca de cuál de los bienes es mayor o debe supeditarse al otro?
Son dilemas éticos que no tenemos en nuestras manos solucionar, porque no ha sido dada a ninguno de nosotros decidir cual vida debe vivirse y cuál debe ser privada de ver las luz del sol, que sobre todos alumbra.
Supongamos, sin embargo, el caso hipotético de certeza absoluta de la inviabilidad de la criatura. Aún en este supuesto, el aborto no es el bien para ese niño. Bajo la pretensión de compadecerse del niño, los padres o la sociedad ocultan que no están dispuestos a aceptar ese tipo de hijo. Es una injusta discriminación anticipada. Luego, no es por el hijo, considerado y estimado en sí mismo, aceptado y amado en cuanto tal y tal como sea, sino por la reacción que provoca en los padres o en la sociedad. Son, por tanto, los padres o la sociedad quienes, bajo el pretexto de compadecerse del niño, se compadecen y protegen a sí mismos, a sus conveniencias, a sus previsiones y a sus intereses.
Los niños concebidos con posibilidad o certeza de alguna grave enfermedad merecen su vida no porque así lo estimen sus padres, la ciencia o la sociedad. Merecen su vida porque es suya, no de sus padres, ni de la ciencia, ni de la sociedad. Y su vida es siempre “digna y humana” por sí misma, y nunca porque así lo parezca o no lo parezca a sus padres, a la ciencia o a la sociedad. En la posible enfermedad del niño se escuda el egoísmo tiránico de los padres. ¿Quiénes son ellos para juzgar sobre la “dignidad” de lo que es la vida humana o sobre el beneficio o perjuicio del concreto modo de vivir de un ser humano?
Esa dignidad es siempre un enigma, un futuro, un desconocido misterio que debe desvelar el sujeto de cada vida y no otro que él o por él. Prejuzgar la valía de la vida de otro ser, es en el fondo ocultar que ese tipo de vida no es conveniente para ese padre o esa madre o para la sociedad que no está dispuestos a mayores exigencias, mayores sacrificios, mayor paternidad y maternidad.
Tercera causal. Aborto en caso de violación.
c) En cuanto a la tercera causal, conocida por embarazo por violación los dilemas éticos se hacen aun más complejos. A todos “no nos parece “humano” dejar sola a la mujer en el drama que ha sufrido, y tampoco es “humano” privar de la vida al más indefenso e inocente, que es su hijo. Quisiéramos un Estado y una sociedad activos y presentes junto a la mujer agredida, ofreciéndole caminos y ayuda para que ella u otra familia puedan acoger a un ser humano que no tiene culpabilidad alguna, está vivo, y tiene derecho a seguir viviendo y a que nadie atente injustamente contra su vida. Diversas instituciones sociales, varias de ellas católicas, se dedican a procurar un entorno familiar para estos niños y niñas.
Creemos que permitir el aborto ante situaciones de violación es renunciar a la tutela de los más débiles e indefensos, y un acto de rendición del Estado ante el flagelo de la agresión sexual a mujeres. Ni los gobiernos ni la sociedad en su conjunto hemos podido abordar y superar este mal en su raíz, que como sabemos, generalmente ocurre al interior de los entornos familiares y de amistades de las víctimas” (Cfr. Ibid, 14).
¿Es posible para alguien privar de la vida esta tierra a otra persona? Nuestra respuesta es que no. Incluso la Iglesia ha abogado para que sea erradicada la pena de muerte de las legislaciones. Recientemente, el Papa Francisco lo pidió públicamente al Presidente de los Estados Unidos. Si no queremos para nadie la pena de muerte, ¿podemos dictarla para aquel que tenemos certeza de que es inocente?
Cito sobre el particular a un hombre que todos conocemos, el Dr. Nathason, gran abortista arrepentido. “La violación es una situación muy dolorosa. Afortunadamente son pocas las violaciones de las cuales surge un embarazo. Pero aun en ese caso, la violación, que es un acto de violencia terrible, no puede ir seguida de otro no menos terrible como lo es la destrucción de un ser vivo. Por lo tanto, tratar de borrar una horrible violencia con otra también horrible no parece lógico; es sencillamente absurdo, y en realidad lo que hace es aumentar el trauma de la mujer al destruir una vida inocente, porque esa vida tiene un valor en sí misma aunque haya sido creada en circunstancias espantosas, circunstancias que nunca podrán justificar su destrucción. Por lo tanto, recurrir al aborto en caso de violación es algo ilógico e inhumano\".
Estos son los dilemas éticos precisos a los cuales está sujeto este honorable Senado y resolverlos adecuadamente es esencial para nuestra nación y para nuestra democracia.
5. Quisiera referirme, brevemente, a otras cuestiones relacionadas con las anteriores.
Una de ellas, es que los argumentos en favor del aborto que se esgrimen son siempre extrínsecos a este nuevo ser que ya está concebido. Los argumentos y los intereses alegados para aceptar el aborto no son argumentos e intereses del abortado, lo son siempre de quien se realiza el aborto o de quienes lo ejecutan, de los actores de la práctica abortiva. El drama del aborto, por tanto, no es una simple reedición del viejo drama del dominio del hombre sobre el hombre. Hay aquí un algo más de gravedad. Se trata del domino radical sobre el inocente. Y porque la víctima es siempre inocente, el drama del aborto no es sólo el del dominio del hombre sobre el hombre, sino más exactamente el de la tiranía radical del culpable sobre el inocente. Por eso, la inocencia incuestionable de la víctima, es el fundamento de la culpabilidad de los actores del aborto.
Conviene, además, tener en la cuenta de que los actores del aborto son los padres, los médicos y la autoridad social –también quienes dan las leyes que lo permiten– y que, por tanto, son precisamente aquellas personas y grupos de los que la víctima inocente debiera esperar la mayor protección y tutela. La paradoja no puede ser más significativa. Es absolutamente injusto que el concebido
-absolutamente inocente- sea precisamente el castigado con la muerte.
En esto casos, la sociedad es gravemente responsable de establecer la solidaridad necesaria, ética y material, para ayudar a la madre que atraviesa esas dolorosas circunstancias.
6. También quisiera señalar que otro elemento ético de necesario análisis. Es el relativo a la capacidad que todos tenemos de medir las consecuencias de nuestros actos y anticipar sus consecuencias. Eso se aplica desde una personal decisión, hasta las mismas tareas legislativas que tienen ustedes entre manos.
¿Es posible colegir que una legislación como la propuesta que permite privar de la vida con el aborto a un ser inocente, será el último estadio de su desarrollo? Se ha dicho hasta por parte de quienes propician este proyecto que nadie quiere el aborto libre. Pero toda la evidencia empírica conocida sabe bien cuál es el derrotero final y hacia donde conduce un proyecto como el planteado. No podemos escondernos a esa realidad. Si queremos el aborto libre en Chile, como algunos lo declaran, el camino seguido es tristemente correcto. Si rechazamos esa posibilidad, la vía que actualmente se está siguiendo debe abandonarse.
El punto preciso es, entonces, descubrir la responsabilidad nuestra, de los hombres y mujeres que en este tiempo dimos lugar al inicio de un camino cuyo fin no deseamos, pero que sabemos que llegara. Aprender de los otros es sabiduría pura. Y con todo respeto, qué decir de la responsabilidad de ustedes, llamados por el pueblo chileno a darnos leyes justas y buenas. Si sabemos el inicio de camino y su dirección final, nadie puede luego excusarse alegando ignorancia o inadvertencia.
Termino esta exposición citando a uno de los pensadores de mayor renombre actualmente, el profesor Spaeman: “Si no respetásemos la dignidad humana antes de que el ser humano fuera capaz de exigirlo, ningún hombre podría reclamarla jamás” (Spaeman, “La inviolabilidad de la vida humana”).
Estimada señora senadora, honorables senadores, agradezco en nombre de la Iglesia Católica que se nos haya escuchado.
+Juan Ignacio González Errázuriz
Obispo de San Bernardo
