En su presentación, el texto señala que en este tiempo de elaboración de la nueva Constitución Política de la República, el Área de Educación de la CECh busca reflexionar sobre algunos “principios del ámbito educativo que, creemos, son importantes para el futuro de nuestro país”, con el ánimo de seguir colaborando con la sociedad en este ámbito tan importante para el desarrollo de las personas y de los pueblos.

“La educación implica la participación de diversos actores. Entre estos ocupan un lugar central y relevan las familias, que constituyen la unidad vital esencial para el desarrollo de la persona al interior de la sociedad. Es la base de la educación y cuidado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en especial, en los primeros años de vida”. También, la integración social y la equidad de la sociedad chilena comienzan allí. Son, junto a las diversas instituciones educativas, un componente esencial de la formación de la persona humana. Por ello, deseamos que la futura Constitución otorgue garantías que protejan y valoren a las familias, su dignidad y su rol educativo” señala el documento, agregando el anhelo de una Constitución que “consagre la educación como un derecho, estableciendo garantías de acceso, elección, permanencia y egreso; en un proceso educativo integral de calidad e inclusivo, cuyo objetivo es el desarrollo de las personas en su multidimensionalidad (psíquica, corporal y espiritual), en pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios democráticos”, proponiendo los siguientes principios que se consideran fundamentales:

Protección a las familias y la educación
Se señala que las familias tienen un lugar central en la formación humana y el desarrollo de las capacidades que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes necesitan para su integración, expresando: “Deseamos que el Estado proteja y apoye a las familias en todas las dimensiones de su bienestar”.

Garantía del derecho a la educación y libertad de enseñanza en todos los niveles
En este punto se expresa que las personas tienen derecho a la educación en igualdad de condiciones de calidad, añadiendo que el Estado debe garantizar ese derecho, por medio de una educación con sentido de servicio, impartida por instituciones públicas o particulares reconocidas oficialmente de acuerdo con la ley. “Consideramos que la educación obligatoria, gratuita y de calidad, debe ser financiada y promovida por el Estado, garantizando autonomía pedagógica para la realización de su proyecto educativo”, donde los padres, madres, apoderados y apoderadas “tengan la libertad de elegir el establecimiento educacional y participar activamente del proceso de enseñanza de sus hijos e hijas”.

Equidad educativa
“Deseamos que el Estado genere las condiciones para la cobertura y calidad de los procesos educativos, en igualdad de oportunidades y recursos” se expresa, agregando que los logros de egreso en el currículum nacional deben considerar las realidades regionales y culturales que puedan darse en la práctica educativa, propias de una sociedad plural y democrática.

Educación intercultural y lenguas originarias
Se propone dentro del sistema educativo formal, la enseñanza y aprendizaje de las lenguas originarias, en su contexto territorial y con un enfoque comunicativo, promoviendo la enseñanza de la propia historia, las diversas filosofías de vida de las culturas y su propia literatura.

Comunidades educativas participativas
Se añade que las comunidades educativas y académicas debiesen fomentar el diálogo colaborativo, relevando a los estudiantes como sujetos de aprendizaje y centro del proceso educativo.

Autonomía de las instituciones de educación superior
Se estima indispensable la autonomía académica, la libertad de cátedra y administrativa de las instituciones de educación superior, garantizando la protección de la libertad académica, para la labor de investigación, enseñanza y cultivo de las ciencias, las artes y las humanidades que se hace en ellas.

Neutralidad activa del Estado y pluralismo cultural
Se propone, además, el reconocimiento de los aportes de las diferentes expresiones y tradiciones culturales, en un clima de respeto, tolerancia y apego a la diversidad y a los valores democráticos. “Anhelamos que el Estado reconozca la libertad de creencias y la expresión de los diferentes credos, cosmovisiones y tradiciones, como saberes pedagógicos que favorezcan la formación integral de cada ciudadana y ciudadano”, lo que implicaría garantizar el derecho de los padres, madres y/o apoderados y apoderadas, para que “sus hijos e hijas reciban la formación espiritual que esté de acuerdo con sus propias convicciones, resaltando la importancia de la formación integral en el desarrollo de las personas”.

El documento firmado por el presidente del Área de Educación de la CECh, obispo Héctor Vargas y el consejo asesor -y que contó en su elaboración con el aporte del equipo en temas de familia, afectividad y sexualidad del área- concluye expresando que en el desafío de construir un país más justo y solidario, en el cual los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan desarrollar todas sus potencialidades, “deseamos que se reconozca la centralidad y participación de los y las estudiantes al interior de los diversos espacios educativos”.

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Fuente: Área Educación CECh
CECh, 24-06-2021