1. La sociedad chilena, sus instituciones, las comunidades educativas y la Iglesia, estamos siguiendo con atención las demandas del movimiento estudiantil, las reacciones que ellas suscitan y las visiones que distintos sectores expresan públicamente acerca de la educación en Chile. Los jóvenes se manifiestan, necesitan ser escuchados y esto es bueno para la sociedad.
2. En los últimos años se han hecho esfuerzos por mejorar la enseñanza en el país, lo que se ha traducido en un conjunto de políticas públicas logradas en un marco de grandes acuerdos nacionales, y a los que se suman importantes contribuciones desde los ámbitos municipal, privado y estatal. Apreciamos los diálogos sostenidos en estos últimos días y esperamos que lleguen a buen término.
3. Sin perjuicio de estos avances, el debate y el cuestionamiento que se hace al sistema educativo son signo de un malestar del que la sociedad en su conjunto debe hacerse cargo. Queda un largo camino por recorrer en la tarea de consolidar un modelo educativo con aprendizajes de calidad, justo y equitativo, en donde cada estudiante, al margen de su condición personal y social, tenga asegurada la formación necesaria para desarrollarse integralmente, construir un proyecto de vida pleno, y aportar generosamente toda su riqueza a la sociedad de su tiempo. Verdaderamente, hay una grave deuda pendiente en esta materia.
4. Creemos que la educación es un bien público, y el esfuerzo por mejorar su calidad y por hacerla más equitativa debe incorporar a todos los actores involucrados: el Estado, las Instituciones Educativas, los docentes, las familias y los mismos estudiantes. Es urgente avanzar en la búsqueda de propuestas de consenso para orientar y encaminar los procesos que permitan responder a las justas demandas.
5. Las soluciones excluyentes no son el camino, tampoco las medidas arbitrarias, ni la violencia física o verbal. Sólo una real voluntad de diálogo ayudará a enfrentar el delicado clima de polarización en que está derivando este debate y las movilizaciones asociadas. Considerando que los problemas planteados son de diversa índole y de gran complejidad, no siempre pueden resolverse todos en la inmediatez de un conflicto. Se requiere racionalidad, espíritu democrático y utilización de los canales que garantiza la institucionalidad vigente. Cuando prima la razón y la cordura, el diálogo es siempre un método fecundo, un paso que construye desde el respeto y la confianza.,
6. Los Obispos señalábamos en julio de 2006 que la “educación es un bien público que debe ser valorado y cuidado por todos los ciudadanos. De la calidad de la educación depende la calidad de vida, la superación de la pobreza, el nivel cultural y la nobleza de las relaciones humanas de un pueblo”. Dos años más tarde, en junio de 2008, invitábamos a asumir que la educación tiene una finalidad esencialmente humanizadora, porque –decíamos entonces- “vemos en el estudiante una persona que debe ser el centro de todo el proceso” y una educación es genuina “cuando humaniza y personaliza, para que la persona humanice al mundo, produzca cultura, transforme la sociedad y construya la historia”.
7. Hoy, cuando los avances logrados en estos años parecen ser insuficientes, afirmamos que normalizar la actividad educativa no sólo consiste en terminar un paro o deponer una toma: requiere voluntad para discernir, con amplia participación, las necesarias reformas que los jóvenes y el país esperan. Se trata de una tarea que nos involucra a todos.
† Ricardo Ezzati Andrello
Arzobispo de Santiago
Presidente
† Héctor Vargas Bastidas
Obispo de San Marcos de Arica
Presidente Área Educ
ación
Santiago, 23 de junio de 2011.
