4.3. ECONÓMICA
La sustentabilidad social debe inspirar decisiones económicas que promuevan el desarrollo de actividades productivas que beneficien al país y a la región, posibles de mantener en el tiempo.
Por región, entendemos también los pueblos más allá de nuestras fronteras. En un mundo globalizado ya parece ridículo seguir considerando las fronteras como límites que nos dividen y separan.
De hecho “los hijos de las tinieblas” no tienen fronteras, promueven el mal en cualquier lugar del planeta (ejemplo: el narcotráfico). Las mismas tecnologías comunicacionales actuales (TV, Internet,...) no tienen fronteras. La misma fe ha sido siempre una propuesta global, universal y de comunión.
Hay que recuperar la economía (= administrar la casa) como una ciencia y un factor de comunión y de solidaridad entre personas, culturas, pueblos y continentes. “Globalizar la solidaridad” decía el papa Juan Pablo II. Por eso es inaceptable que empresas transnacionales exploten recursos naturales básicos, esenciales, para beneficio propio y no para la solidaridad y la comunión con los sectores de la humanidad que sufren hambre, pobreza, marginación y muerte.
Un nuevo orden económico mundial no se logrará si los pueblos no lo exigimos, pues no podemos aceptar que los bienes de la tierra sigan un proceso de acumulación, en pocas manos, en lugar de seguir un proceso de distribución solidaria y fraterna, pues la economía es para el bien del ser humano y no al revés.
4.4. POLÍTICA
La política es el arte de gobernar. Exige el protagonismo, la responsabilidad y la participación de la ciudadanía: creer en la ciudadanía. Aunque la realidad actual hace que el Estado esté sujeto o sumiso al sistema económico mundial,
sin embargo se hace más necesaria que nunca una comunión en la participación, donde intervengan el Estado, la ciudadanía, las autoridades, los técnicos, los científicos, los políticos, los intelectuales, los jóvenes, los educadores, los líderes religiosos, las organizaciones sociales, los artistas, los trabajadores, los empresarios, los Medios de Comunicación Social, etc., sintiéndonos todos responsables de nuestro desarrollo. El bien común requiere la participación de la gente y estructuras que promuevan la gobernabilidad democrática, revisando la representatividad popular, descentralizando las decisiones. Es un ejercicio que nos permitirá crecer en convivencia social pacífica. Es un desafío de los tiempos actuales.
¿Podrá el Estado seguir marginando a la ciudadanía de la planificación de las grandes políticas del país, dejándole la iniciativa sólo a las empresas privadas y haciendo oídos sordos a la voz del pueblo que busca ser actor en la definición de su propio desarrollo?
Nos preguntamos ¿Tiene el Estado un proyecto alternativo, donde éste se construya desde la perspectiva de las comunidades? Donde ese proyecto represente los intereses de los menos favorecidos y donde el interés común esté por sobre los intereses económicos de maximación de ganancia, que orienta las grandes compañías transnacionales.
El arte de la política y su credibilidad se fortalecen en la medida que asumen respuestas participativas a las necesidades y clamores de la gente y sobre todo de los más marginados.
Los tiempos y los problemas actuales nos plantean el gran desafío de ser artistas de una convivencia armónica, justa y fraterna entre nosotros y con la naturaleza. Y para los creyentes esta comunión brota de la relación que experimentamos con Dios.
C. El AGUA EN CHILE
Chile es un país muy rico en agua.
El agua dulce tiene una presencia superficial (ríos, lagos,…) y subterránea con una intensidad muy variable en cada zona de Chile, dependiendo de las diferencias geográficas y climáticas. Evidentemente la zona más rica y abundante es la Patagonia.
Frente a la casi nula precipitación media anual en la II Región (44,5 milímetros), en Aysén hay un promedio de 3.263 milímetros, en la Región de Los Lagos 2.970 milímetros, en la Región de Magallanes 2.713 milímetros.
La Patagonia chilena es la segunda reserva de agua dulce más grande del planeta, encontrándose aquí el segundo lago más extenso de Sud América (General Carrera-Buenos Aires) y el más profundo del Continente (Lago O’Higgins).
Hay importantes humedales que facilitan la convivencia y reproducción de valiosísimas especies animales y vegetales, indispensables en la biodiversidad de la Patagonia.
El inventario actual de glaciares en Chile es de alrededor de 2.700, cubriendo una superficie aproximada de 20.000 Kms2, siendo los más extensos los Campos de Hielo Norte y Sur en la Región de Aysén, que cubren, entre los dos, más de 13.000 Kms2 en territorio chileno. Estos glaciares de la Patagonia, junto a los de la Antártida, son la mayor reserva de agua del mundo en glaciares. El cambio climático está aumentando el derretimiento de la casi totalidad de estos glaciares de manera vistosa, llegando a retroceder hasta 100 y más metros por año, como es el caso del Ventisquero San Rafael.
A su vez la relación que hay entre el potencial – disponibilidad de agua y la demanda, varían en Chile sustancialmente, dependiendo de la densidad poblacional, de las nuevas situaciones productivas y económicas (agricultura, minería, pesca,…) que son impulsadas en cada región, y también por mayores demandas exigidas por nuevos hábitos de vida de la población.
La Patagonia (de Puerto Montt a Punta Arenas) es la región de Chile con un gran potencial – disponibilidad de agua, enormemente superior al resto de Chile, clasificándola como uno de los
lugares del mundo con mayor abundancia de agua dulce (reserva de vida). A estas situaciones hay que agregar los imprevisibles efectos del cambio climático y del calentamiento global que provocan también en Chile significativos cambios en la frecuencia e intensidad de las lluvias y en el acelerado derretimiento de nieves y glaciares.
La deforestación y los incendios de bosques, el uso industrial de los cursos de agua dulce, la contaminación creciente,… son factores que reducen enormemente el uso del agua, sobre todo para la población, dándose así una
íntima relación entre ausencia o escasez de agua y pobreza.
Esta escasez y las necesidades crecientes de su consumo, crean no pocos
conflictos entre sectores: agrícola, minero, hidroeléctrico, forestal, acuícola, agroindustrial, turístico, industrial y evidentemente el consumo humano.
Se plantea así una gran divergencia entre:
• la DISPONIBILIDAD
• el MANEJO
• la PROPIEDAD
• y la GESTIÓN de las aguas, cuestionando seriamente las decisiones políticas y económicas a nivel local, pero sobre todo a nivel nacional y mundial.
Esto exige una visión de conjunto y decisiones de Estado que no privilegien algunos sectores más pudientes a costa de otros, y por ello esta Carta Pastoral puede ser un aporte para partir de una visión ética común y esencial que lleve a tomar mayor conciencia de la realidad y asumir la participación en la discusión y en las decisiones a todos los sectores de la sociedad, incluyendo modificaciones al aspecto legal, teniendo siempre como principio incuestionable que el agua es un don de Dios para el bien público y un derecho fundamental para la vida.
1. La Disponibilidad
Si bien en estos últimos años los varios organismos del Estado relacionados con el tema del agua han incrementado fuertemente el estudio para saber el potencial hídrico del país (agua superficial, subterránea, glaciares,...) aún no hay un resultado completo y acabado, por lo demás, difícil de realizar a cabalidad.
Sin embargo, como el agua es vida, se está avanzando en los estudios de los cursos de agua y su relación con el entorno, pues hay una
biodiversidad impresionante, insospechada, maravillosa, que nos lleva a alabar al Creador por la misteriosa y fascinante armonía vital que en ella se desarrolla y crea fecundidad.
Debemos considerar entonces el inmenso caudal ecológico de las CUENCAS de los ríos, lagos, glaciares, borde costero de los mares,... pues si se destruye su biodiversidad ya será imposible recuperarla. Proteger y conservar
la calidad y la cantidad de las cuencas será una tarea prioritaria, armonizando a la vez los
múltiples usos que se puedan dar al agua, priorizando el consumo humano y equilibrando sabiamente los otros usos.
Un estudio participativo debería concretar una política de
ESTRATEGIA DE CUENCAS, en vistas justamente a calibrar su potencial, su protección y sus usos múltiples, y favorecer una
gestión integrada.
La región de Aysén de la Patagonia cuenta inmensos territorios en que se circunscriben las principales cuencas:
• Río Palena, con un área de 7.281 Km.2
• Río Cisnes, con un área de 5.196 Km.2
• Río Aysén, con un área de 11.236 Km.2
• Río Baker, con un área de 20.876 Km.2
• Río Bravo, con un área de 1.920 Km.2
• Río Pascua, con un área de 6.710 Km.2
• Y el sistema costero, con una infinidad de islas.
2. El Manejo
Veamos muy sintéticamente el MANEJO o el USO del agua, pues según el
Código de Aguas vigente en la legislación chilena, su uso tiene dos modalidades.
2.1. USO CONSUNTIVO
Se refiere a la utilización de las aguas para el consumo, sin que se puedan volver
a usarse (arts. 13 y 14 del Código de Aguas), impidiendo su reutilización o su
regreso a los cauces en las mismas condiciones que tenían antes de ser usadas. Son los derechos de agua solicitados para el uso doméstico, para el riego, para la industria, para la minería.
Sin embargo, la práctica indica que gran parte de las aguas usadas para estos fines, vuelven al cauce de origen.
Su distribución en Chile beneficia a los siguientes sectores:
•
uso doméstico: 4,4% del uso consuntivo total, que abastece el 98% de la población urbana y el 80% de la población rural concentrada (pueblos con 150 a 3.000 habitantes)
•
uso minero: 6.7%
•
uso industrial: 7,9%
•
uso de riego (agricultura): 81% Estos totales representan un flujo continuo de alrededor de 650 metros cúbicos por segundo, considerando el promedio nacional, pues su demanda varía considerablemente según la población y las actividades productivas de cada lugar, con la previsión a futuro que las demandas tendrán un fuerte crecimiento. En Aysén, según la DGA, solo el 4% de las aguas son pedidas para derechos consuntivos, distribuidos de la siguiente manera: 35% agrícola 31% industrial 20% doméstico 10% minero 4% turismo
2.2. USO NO CONSUNTIVO
Se refiere al uso de agua sin consumirla, devolviéndola a su cauce (ríos) sin perjudicar a los usuarios existentes aguas abajo. Son los derechos de aguas solicitados para los proyectos de centrales hidroeléctricas, para pisciculturas.
Utilizan las tres cuartas partes de las aguas de Chile, con un consumo de 10.200 litros por habitante al día, lo que equivale a 48 veces el consumo doméstico, 46 veces el consumo minero, 32 veces el
consumo industrial, 2,5 veces el consumo agrícola, aproximadamente.
Esto plantea un serio cuestionamiento a la política energética del país, como veremos más adelante, evidenciando la vulnerabilidad de esta fuente energética, sobre todo por sequías importantes que se dan cada vez con mayor frecuencia.
En Aysén los derechos de agua no consuntivos significan el 96% de las aguas, y están pedidos en su 99,4% para hidroelectricidad, y en su 0,6% para la acuicultura.
Los proyectos de represar los principales ríos de la Región de los Lagos y de la Región de Aysén cambiaría notablemente el panorama de los derechos de uso no consuntivo, proyectando la gravedad del problema sobre
los PROPIETARIOS del agua en Chile. Además no habría acceso a otras posibles solicitudes, paralizando muchas áreas del desarrollo regional.
3. La Propiedad y la LEY
En Chile, el Código Civil del año 1855 estableció que las aguas eran “bienes nacionales de uso público”, de propiedad de la nación y de todos sus habitantes, que no se podían enajenar ni comercializar, aunque el Estado podía otorgar concesiones a particulares destinadas al uso exclusivo de aguas públicas. La posibilidad de aguas en propiedad privada era mínima y se limitaba a los cursos de agua comprendidos dentro de una propiedad de tierras. Los Códigos de Agua posteriores, promulgados en 1951 y en 1967, mantuvieron estas mismas normativas.
Sin embargo, un trágico y radical cambio se produjo en el Código de Aguas de 1981.
Con la entrada en vigencia de la
nueva Constitución Política del Estado en 1980, en que, entre otras definiciones traumáticas, establece tajantemente
para Chile la nueva política económica neoliberal, se desprenden como consecuencia una cantidad de leyes y decretos enmarcados en este cuestionado modelo político, iniciando la transferencia de las empresas del Estado (patrimonio de todos los chilenos) a manos privadas. Entre ellos, el
Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122, del 29 de octubre de 1981, que aunque define las aguas como “bienes nacionales de uso público”,
otorga el derecho a particulares de adueñarse de las aguas, (y vergonzosamente) en forma GRATUITA y A PERPETUIDAD, dándole el derecho de usar las aguas como cualquier otro bien privado.
Ello se desprende del Art. 19, nº 24 de la actual y aún vigente Constitución Política de Chile: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
Además, y
en forma INEDITA en Chile, el Código de Aguas separa los derechos de agua del dominio de la tierra, despojando de las aguas en su mismo territorio, incluso a las comunidades rurales y a los agricultores. Este actual Código de Aguas consta de 317 artículos permanentes y 13 transitorios y su aplicación administrativa está bajo la responsabilidad de la Dirección General de Aguas (MOP), facultando
el derecho de propiedad sin ninguna exigencia, solo por pedirlo, aunque no lo necesite.
Y una vez otorgados los derechos de agua a particulares el Estado ya no interviene, dejando a los mismos particulares toda transacción, comercializando el agua como cualquier otra mercancía.
Llama la atención que no es así para otros recursos naturales, como por ejemplo los derechos de minería, los derechos de explotación de bosques,… que deben pagar impuestos.
En Chile, como en pocas partes del mundo la privatización del agua es total, pues se entrega el recurso (agua), la distribución y la gestión. En otros países (Bolivia, Francia,...) se entrega la distribución pero no los derechos de agua.
Evidentemente, con la privatización hubo un alza de las tarifas en todo el país.
De la Constitución Política de 1980 se desprendieron leyes emblemáticas como el Código de Aguas en 1981 y la Ley General de Servicios Eléctricos en 1982, como “un solo paquete” del sistema neoliberal.
Conocedores de las leyes y decretos, personeros de Gobierno de la época no dudaron en hacer sus negociados personales con los derechos del agua cuando, luego de un proceso de varios años, en 1990 se privatiza ENDESA (que había sido creada en 1943 con un rol estatal estratégico) y se vende a ENDESA ESPAÑA.
En junio de 2005 se modificó el Código de Aguas con la Ley 20.017, modificada a su vez en abril de 2006 con la Ley 20.099, que atenúan lo absoluto de la Ley de 1981 obligando a los propietarios a justificar el uso que le darán al agua, fijando el cobro de patentes si no se utilizan los derechos de agua (el cobro es menor en la zona austral) y algunos elementos más.
Llama la atención que en Chile el modelo económico neoliberal tiene una aplicación entre las más ortodoxas del mundo, agigantando, en el tema del agua, el llamado
“HIDRONEGOCIO”.
Le otorga así al agua dulce un
valor económico, como una mercancía más, sujeta a procesos de
PRIVATIZACIÓN y MERCANTILIZACIÓN, fomenta la especulación y el acaparamiento de los derechos de aguas. Como en otros campos, también con el agua el hidronegocio favorece la creación de
MONOPOLIOS y de interesadas alianzas con las
TRANSNACIONALES DEL AGUA, impulsadas por quienes promueven esta política global, planetaria: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyas políticas benefician a los países ricos.
Es este el
nuevo rostro y los nuevos tentáculos del colonialismo, que crea situaciones favorables para llegar a confrontaciones y guerras más peligrosas que las provocadas en estos años por el dominio sobre el petróleo. Del hidronegocio y sus monopolios no está ausente Chile, y no es casualidad que las aguas de Aysén, uno de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, sean
propiedad del 96% de ENDESA, en cuanto a los derechos de agua no consuntivos ya otorgados.
Con razón se habla de Aysén como una
“región vendida”, también en relación a este bien natural e insustituible para la vida como es el agua, pues estos monopolios afectan seriamente el desarrollo local y regional, y con sus proyectos provocan fuertes impactos negativos sobre los bienes naturales, las personas y las comunidades, la biodiversidad y los ecosistemas.
Se evidencia así que
el capitalismo no tiene ética, porque se cree DUEÑO de los bienes y hasta de las personas, no tiene una relación de COMUNIÓN, de SOLIDARIDAD, sino de dominio, de posesión, de poder, pues lo que le importa es el capital, la ganancia, el poder económico. Compra la vida, la manipula, la usa y la deshecha, sobre todo la naturaleza, gran víctima de este sistema. El uso y el abuso depredador de la naturaleza, y sobre todo la actual crisis ecológica, necesariamente llevan a CUESTIONAR ESTE SISTEMA NEOLIBERAL, que el querido y recordado papa Juan Pablo II definía como “capitalismo SALVAJE”. Incluso sería oportuno que como Iglesia nos preguntáramos en qué medida favorecemos este sistema.
La voz de los últimos Papas no siempre ha tenido la repercusión que merecería, y no pocas veces ha sido acallada por los Medios de Comunicación Social y los poderes que los sustentan. El Papa Benedicto XVI también habló al respecto: “No se ha de considerar el capitalismo como el único modelo válido de organización económica. La emergencia del hambre y la emergencia ecológica muestran cada vez con más evidencia que cuando predomina la lógica del lucro aumenta la desproporción ente ricos y pobres y una ruinosa explotación del planeta”. (Ángelus, 23 de septiembre de 2007).
4. La Gestión
Si los derechos de propiedad del agua plantean profundos cuestionamientos, más aún los plantea la GESTIÓN.
Los problemas del medio ambiente y especialmente del agua, más que problemas de escasez, están relacionados con acciones y políticas humanas equivocadas, o sea es un
problema de GESTIÓN.
El arte de la POLITICA, de la CIENCIA, de la TECNOLOGIA son un maravilloso fruto de la sabiduría y de la creatividad humana, DON DE DIOS, pero exigen una recta APLICACIÓN, pues pueden ser canalizadas para el PROGRESO pero también para la destrucción del ser humano y su entorno. La tecnología puede ser usada para contaminar, pero lo puede ser también para descontaminar y para tener un ambiente puro y sano.
La producción puede ser usada para acumular, pero también para distribuir y compartir solidaria y equitativamente, pues “los pobres no pueden esperar”.
En verdad, ni los países que hoy están sometidos a un sistema capitalista, ni los que lo están a un sistema socialista, han sabido responder a esta gran búsqueda y desafío ético que pone en jaque a la humanidad.
Cada día nos cuestiona con mayor fuerza la sentencia del papa Juan Pablo II:
“SOBRE TODA PROPIEDAD PRIVADA, GRABA UNA HIPOTECA SOCIAL” (discurso en Oaxaca, 1979 y Puebla 492). De hecho, la Iglesia siempre expresó respeto hacia la propiedad privada, pero nunca la elevó al rango de principio absoluto, pues el principio será siempre el bien común.
En cuanto a la gestión, presento sólo algunos hechos que golpean y cuestionan la conciencia ética de la humanidad.
• En octubre de 2003, para los 58 años de la FAO, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, declaró que la tierra tiene recursos suficientes para alimentar 12 mil millones de personas, con más de 2.800 calorías al día. Hoy los habitantes del planeta somos poco más de 6 mil millones, de los cuales casi 2 mil millones viven en la miseria (con menos de dos dólares al día), y cada año mueren de hambre 20 millones de niños (promedio 57.795 al día).
No es un problema de recursos, sino de gestión de los abundantes recursos que la Madre Tierra nos regala.
• Hoy, en el planeta hay 1.100 millones de personas que no tienen acceso adecuado al agua potable, y 2.600 millones en los países más pobres no tienen servicios higiénico – sanitarios básicos. En Durban (Sud África) la gente debe usar una tarjeta de agua prepaga para sacar agua potable de surtidores. Como los pobres no pueden costear la tarjeta, usan agua contaminada, putrefacta, provocando las consecuentes enfermedades, sobre todo el cólera. Cada 8 segundos, en el mundo, muere un niño por alguna enfermedad contraída en relación al agua. En 2002 las enfermedades diarreicas y el paludismo mataron a más de 3 millones de personas, el 90% de ellos menores de 5 años. En la práctica, el mercado responde a los que tienen dinero, no a los que carecen de él.
• Uno de los negocios más rentables y en fuerte crecimiento es ciertamente él del AGUA EMBOTELLADA, donde las multinacionales NESTLÉ (Suiza) DANONE, PEPSI Y COCA – COLA controlan un altísimo porcentaje del mercado mundial. Esta industria saca provecho en su negocio a expensas del medio ambiente, frecuentemente secando manantiales y devastando los ecosistemas.
A este negociado está íntimamente unida la industria del plástico, que es el sector que aporta con más del 25% del volumen de materiales de basura en el mundo.
• Bolivia vivió días de enfrentamiento en la llamada “guerra del agua”, cuando en abril del 2000 el Banco Mundial rechazó renovar un préstamo de 25 millones de dólares si no se privatizaban los servicios de agua. Estos servicios los compró la multinacional Bechtel (EE.UU.) en Cochabamba (500.000 habitantes) incluyendo las aguas lluvia. Inmediatamente aumentaron las tarifas del agua para los usuarios. Marchas y protestas llevaron a una huelga general en abril de 2000 y el derrumbe de la economía. Víctimas de esta protesta masiva fue el joven Víctor Hugo Daza de 17 años (muerto por un disparo) y el movimiento privatizador. Bechtel tuvo que dejar el país, exigiendo al gobierno boliviano la indemnización por 25 millones de dólares.
Los procesos de privatización del agua se van dando con decisiones frecuentemente poco democráticas. Es el caso también de Chile con la
privatización de los servicios sanitarios. Las empresas de AGUA POTABLE han sido transferidas por el Estado a empresas privadas multinacionales casi en su totalidad, en un proceso iniciado en los años 1988 – 1989, siguiendo las políticas impuestas por el FMI, el BM y el BID, y reafirmadas en los Tratados de Libre Comercio. Para este proceso no se consultó a la ciudadanía, y si hubo consultas (en la Región del Bio Bio el 99,09% de los usuarios se pronunció en contra de estas privatizaciones) no influyeron en las decisiones finales.
La gestión del agua potable y alcantarillado tiene sus principales dueños en los consorcios Thames Water (Reino Unido), Suez Lyonnaise Deaux y sus filiales (Francia), Anglian Water (Reino Unido), RWE (Alemania), Vivendi Veolina (Francia), Bechtel (EE.UU.), Iberdrola y Agbar (España), Aguas Barcelona (España) presentes en Chile con nombres más “autóctonos”, pero dueñas de los servicios sanitarios de todo el país.
Además, el Estado subsidia a las empresas sanitarias, al asegurarles un 10,3% de rentabilidad y otorgar subsidios a los hogares de menores ingresos para cubrir el pago de tarifas, beneficiando así las ganancias de las empresas.
En cuanto al tratamiento de las aguas servidas, los usuarios pagamos el 100%, y las empresas el 0%.
La gestión de las empresas privadas ha significado un alza de las tarifas para los usuarios (“Aguas Andinas” en Santiago aumentó hasta el 200%) y ha reducido el número de sus trabajadores. A su vez las varias instituciones del Estado encargadas de desarrollar la política sobre los recursos hídricos, revelan una significativa dispersión de responsabilidades y escasa capacidad de control y fiscalización, también por lo reducido de su personal.
La gestión del Estado chileno frente a la problemática del uso del agua y a los conflictos de intereses que ello provoca entre varios sectores, tampoco es muy ejemplar. Prueba de ello es la vergonzosa decisión del Gobierno en la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, donde violó la Ley Ambiental Nº 19.300, violó la Ley Indígena Nº 18.000 y no hizo caso de disposiciones internacionales relacionadas con los derechos de los pueblos (los mapuches fueron violentados en su cultura, en sus relaciones, en su historia y en su fe), priorizando la Ley Eléctrica Nacional y favoreciendo los intereses de la empresa involucrada (Endesa España). El Obispo Monseñor Miguel Caviedes y la Iglesia de Los Ángeles hicieron presente la voz de la Iglesia en esa oportunidad, pero no fueron escuchados.
En definitiva, la gestión del agua en Chile está en manos privadas, con pleno apoyo del Estado, y con escasísima participación de la población en las decisiones. Son las incrustaciones dictatoriales de una inmadura democracia.
El uso, la propiedad y la gestión del agua, y en especial de las aguas de Aysén, no sería extraño que acaparen los intereses no solo de las multinacionales de la energía hidroeléctrica sino también de las multinacionales del agua embotellada, que es otro rubro del escandaloso hidronegocio mundial.
5. Desafíos
De todo el planteamiento de la realidad anterior, se perfilan enormes desafíos que deberemos enfrentar con gran interacción y armonía, toda la población, las comunidades locales, las empresas y el Estado:
•
Replantear el marco legal constitucional de los derechos de propiedad, para evitar la privatización, el monopolio y la mercantilización del agua, para que este bien básico y esencial para la vida, sea asegurado como un
derecho de bien común.
•
Definir una política nacional de las aguas, que protejan los ecosistemas, el acceso a la población y las demandas futuras.
• Elaborar y/o redefinir un ordenamiento territorial estratégico que proteja y conserve los ecosistemas, que cuantifique y oriente los recursos de agua superficial, subterránea y de los glaciares.
•
Cuidar los derechos y acuerdos transnacionales referentes al uso de las cuencas, y su gestión integrada.
•
Replantear el uso de las aguas, apuntando a un desarrollo sustentable en vistas al bien común.
•
Optimizar el manejo y la gestión de los bienes naturales y especialmente del agua.
•
Optimizar la eficiencia en el uso del agua, sea en las actividades productivas (agricultura, forestal, acuícola, minería, energía,…) sea en la sobriedad del uso doméstico.
D. LA DANZA DE LOS EURO - DOLARES
Hasta 100 años atrás la Patagonia no estaba entre los intereses económicos y políticos de empresas y gobiernos. Eran tierras inhóspitas, consideradas inútiles y pobladas sólo por valientes grupos indígenas.
Tehuelches, Alacalufes, Chonos, Onas convivían serena y amigablemente en su tierra, hasta la llegada de “los blancos” que los hicieron desaparecer, y hoy nos quedan de ellos sólo algunos restos arqueológicos. Así se dieron las conquistas de la Patagonia.
Muy lentamente se fue repoblando, desafiando los rigores del clima, valorando la posibilidad de establecerse, formar familia y cultivar esta tierra. Llegaron también los colonos, que hoy tanto valoramos, y luego las Instituciones del Estado. No faltaron dolorosos incendios que redujeron a cenizas milenarios bosques. Se fundaron pueblos. Lentamente las relaciones de la gente de Aysén, que eran más fluidas con la Patagonia Argentina, dieron paso, a una mayor comunicación con Chile, gracias también a la construcción de la senda de penetración, llamada “Carretera Austral”. Numerosos accidentes (sobre todo aéreos) enlutaron a la ya sacrificada “gente del sur”. A pasos agigantados llegó “la modernidad”, con sus atractivos irresistibles: comercio, radio, TV, caminos, autos, satélites, computadores,… y cualquier aparato de última generación que está hoy en las “catedrales de la opulencia mundial”, se puede encontrar también en la Patagonia.
Ha sido fácil la compra de tierras, de aguas, de bosques, de minas, de mar,… por parte de personas y de empresas nacionales y multinacionales, no pocas veces comprados a campesinos que se deslumbraron con la plata de esas ventas y que bien luego se les esfumó, quedándose ahora en la pobreza, luego de tantos años de intensos sacrificios y valentía. Nos duele ver a nuestros pobladores de Aysén, engañados, quedar en ésta situación.
¿A que se debe tanto interés para comprar la Patagonia?
¿Por qué tanto apuro en invertir cifras astronómicas de euros o dólares en proyectos y megaproyectos en la Patagonia?
Al petróleo de la Patagonia Argentina, descubierto y explotado hace poco más de 100 años, ahora se suma la búsqueda para explotar la enorme riqueza de minerales, el valor cada día más incalculable de los bienes naturales, y especialmente del agua, tan abundantes en la exuberante biodiversidad del Cono Sur de América.
Seguramente Lot se sorprendería más con la Patagonia que con la región del Jordán, para reconocer a estas zonas como el “Jardín del Señor” (Génesis 13, 10).
Una danza de intereses económicos, con sus respectivos proyectos, se mueven desenfrenadamente en nuestra Patagonia, pues muchos ojos están puestos aquí, en estos últimos años.
¿A quienes benefician estos proyectos?
¿Qué efectos produciría la materialización de los proyectos que motivan estos intereses?
¿Qué futuro tendrá nuestra Patagonia?
¿Los económicos, son ética y socialmente los únicos intereses a considerar?
¿Quiénes tienen, podrían o
deberían tener el poder de decisión frente a proyectos de significativa relevancia en la Patagonia?
Éstas y otras preguntas deberían marcar la reflexión y el diálogo de la comunidad, de las autoridades (elegidas y designadas), de las empresas y de la sociedad en general.
Nos preocupan especialmente los proyectos planteados en relación a las aguas de la Patagonia.
Hablamos de megaproyectos que la normativa legal vigente permitiría realizar. Sin embargo hay cuestionamientos éticos, sociales, políticos, culturales y espirituales que la comunidad y los pueblos de la Patagonia (chilena y argentina) nos planteamos referente a esos proyectos, en la búsqueda de una Región sustentables (Patagonia, Reserva de Vida).
Los megaproyectos, por ahora, apuntan esencialmente a los sectores de:
• Agua embotellada
• Hidroelectricidad
1. Agua Embotellada
Decíamos que uno de los negocios más rentables en el mundo es él de las aguas embotelladas. Según expertos (Gian Carlo Delgado Ramos, economista de Universidad Autónoma de México) en el año 2000, el volumen de ventas de agua embotellada registró alrededor de 84 mil millones de litros. En el año 2002 aumentó a 126 mil millones. La empresa Nestlé prevé un crecimiento anual entre un 7 y un 9% anual, llegando a multiplicarse por dos en 2010.
Esta agua es capturada en países “subdesarrollados” (del Sur del Mundo) o frecuentemente la toman del mismo sistema público y le agregan un “paquete” de minerales, llamándola “agua mineral”. Con esto aumentan el precio del agua de cañería a más de 1.000 veces y la venden embotellada a quienes puedan comprarla.
Las mayores multinacionales de este negocio son:
Danone; Nestlé (de Suiza) que opera en 130 países;
Coca – Cola (de EE. UU.) y su marca global
Dasani y Pepsi – Cola. Al negocio del agua, se suma él de las botellas plásticas, con el consecuente deterioro del medio ambiente por los deshechos plásticos.
El negocio del agua embotellada de la Patagonia ya empezó: Waters of Patagonia es la empresa que invierte unos 4 mil millones de dólares para iniciar un negocio que embotellará más de 63 millones de litros al año de aguas del Ventisquero Montt en Campos de Hielo Sur, donde tiene la propiedad de unas 2.000 hectáreas de terreno. Su “producto” (¿) Crevasse, del agua más pura del planeta, será vendido al sector mas alto del mercado en Europa y Estados Unidos.
2. Hidroelectricidad
Bajo el pretexto de la “crisis energética” en Chile, las aguas de las cuencas de los principales ríos de la Patagonia (de Puerto Montt al Sur) sufren la amenaza de ser utilizadas para la producción de energía hidroeléctrica a través de megacentrales.
Por ahora, dos empresas multinacionales tienen proyectos que quisieran realizar en Aysén:
• HidroAysén
• Xstrata Copper
2.1. HIDROAYSÉN
En septiembre de 2006 se creó la empresa que une Endesa (51% del capital) y Colbún S.A. (49%), creando HidroAysén. Desde hace algunos años están preparando un megaproyecto que contempla, por ahora,
5 grandes represas para la producción de hidroelectricidad en los ríos Baker y Pascua. De las informaciones de sus estudios (a fines de julio de 2008, aún no han presentado el proyecto para ser evaluado por los organismos de Gobierno, aunque ya han habido desafortunadas declaraciones de personeros del mismo Gobierno que han avalado públicamente estos proyectos), podemos suponer que intervendrían.
5.910 hectáreas, (4.310 en el Río Baker y 1.600 en el Río Pascua) de las cuales 1.900 hectáreas corresponderían al cauce natural de los ríos y 4.010 hectáreas serían inundadas. Los datos disponibles ofrecidos por esa multinacional de dominio español e italiano son muy mínimos y están disponibles en las “casas abiertas” que tienen ubicadas en Cochrane y en Coyhaique. Es de esperar que la información sea más completa y fidedigna cuando presenten el E.I.A (Estudio de Impacto Ambiental).
• De las 5 megarepresas confían producir 2.750 MW y transportar la energía hasta Santiago con una
línea de corriente continua de unos 2.300 Kms., para conectarse allí al Sistema Interconectado Central (SIC) que distribuye la energía desde Taltal (III Región) hasta Chiloé. La energía que se produciría (en Aysén) NO se podrá usar en Aysén.
• Esa multinacional promete
beneficios para nuestra Región:
• mejorar la infraestructura vial y de comunicaciones, entre Cochrane y Villa O’Higgins;
• mejora y habilitación de pistas de aterrizajes para avionetas según los requerimientos del proyecto;
• construcción de infraestructura portuaria en la zona del Estero Mitchell;
• mejora en la cobertura de las telecomunicaciones para la viabilidad del proyecto;
• reducir el costo de la energía en Aysén, construyendo posibles nuevas centrales menores;
• 4.000 empleos para los 10 años que durarían los trabajos de las 5 megacentrales, y un centenar de empleos permanentes en el tiempo de operación de las megarepresas;
• mejorar infraestructura educacional en la zona y programas de capacitación para la obra;
• mejorar infraestructura en hospital y policlínicos;
• dinamizar la economía local por las necesidades de alimentación, transporte, comercio, hotelería;
• aporte con estudios de la topografía de la Región en el sector a intervenir.
• El megaproyecto, incluyendo la transmisión, implicaría una inversión de más de 4.000 millones de dólares. Endesa España declaró que sus ganancias, como empresa, en el año 2007 fue de 3.940 millones de dólares.
• Un mínimo análisis de estos “beneficios” ofrecidos a la Región de Aysén nos hacen suponer que en su gran mayoría tendrá que asumirlos el Estado (todos nosotros) en todo lo referente a infraestructura (de salud, educación, telecomunicaciones, caminos, pistas, poblaciones,...)
• Los trabajos requieren personal especializado, lo que hace suponer la llegada de gran cantidad de personas de fuera de la Región, lo que hace prever el aumento considerable de problemáticas sociales por droga, alcohol, prostitución, violencia,... como se ha revelado en situaciones similares en otras zonas de la Región y de Chile.
• La energía que se produciría no sería para la Región, y el TRANSPORTE de la misma energía NO depende de la multinacional que la produce, sino de OTRA EMPRESA: TRANSELEC. Por lo tanto no sería HidroAysén la empresa capacitada para ofrecer abaratar los costos de la energía en la Región.
• La energía que se produciría sería para “beneficio de Chile”. En la práctica, el consumo de energía eléctrica en Chile es requerido por:
• uso domiciliario público y comercial: 30%
• transporte y centros de transformación (refinerías, centrales eléctricas): 5%
• minería e industria: 65%
El mayor uso de energía es requerido por la minería, mientras que el uso domiciliario, habría que diferenciarlo considerando la disparidad del consumo entre sectores pobres y los sectores mas acomodados.
Las necesidades energéticas y los conflictos de intereses que sufren las empresas mineras del norte de Chile, hacen suponer con fundamento que la energía que se pudiera producir en Aysén beneficiaría esencialmente a ese sector productivo (mineras).
• Los amplios sectores y zonas que se inundarían con los embalses afectarían importantes humedales (Baker, Ñadis), y harían desaparecer varias especies de flora y fauna de la zona, incluso al Huemul, especie en peligro de extinción, creando serias alteraciones al ecosistema y a la biodiversidad.
• Las zonas a inundar plantearían un conflicto de intereses con otras actividades ecológicas y productivas, como el turismo, la ganadería, los forestales, pasando a llevar las prioridades establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial definido por la Región de Aysén.
• Estudios especializados indican que la creación artificial de grandes y extensos espejos de agua alterarían la temperatura del sector, acelerando seriamente, en estos casos, el derretimiento de los Campos de Hielo Sur de la región.
• El principal impulsor de represas en el mundo fue por años el Banco Mundial. Es así que hay más de 45.000 grandes represas en los ríos más caudalosos del planeta. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos se consumen 500 mil millones de litros de agua al día para sus centrales hidroeléctricas. Sin embargo, en estos años, el mismo Banco Mundial reconoce las consecuencias negativas que acarrean estas obras faraónicas, produciendo
graves e irreparables daños ecológicos a los ecosistemas y a la biodiversidad, y sobre todo dramáticos impactos sociales por desplazamientos humanos.
El aumento de la pobreza y serias alteraciones psíquicas, físicas y culturales en la población tienen su origen también a raíz de estos megaproyectos (ver la situación provocada con la Central Ralco). Además, estas obras producen endeudamiento y llevan a sobreprecios de la energía. Todos estos elementos son fruto del informe “Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones” de la Comisión Mundial de Represas (CMR), patrocinada por el Banco Mundial.
Este informe reconoce las tragedias provocadas por las grandes represas, ubicadas en un 70% en países del Tercer Mundo.
La misma Comisión RECOMIENDA en su informe:
• analizar el reemplazo de la energía hidroeléctrica por energías que preserven el medio ambiente natural y cultural;
• equidad en la distribución de los recursos naturales básicos, que se están agotando;
• apertura y participación activa de todos los sectores en la toma de decisiones;
• eficiencia en la administración del desarrollo de infraestructuras;
• consideración hacia las generaciones presentes y futuras.
2.2. XSTRATA COPPER
Es una empresa Suiza transnacional que actúa mediante la sociedad “Energía Austral”. Ha heredado las aguas y los terrenos de Noranda, para, posiblemente, reanimar el proyecto de producción de aluminio (Alumysa).
Su proyecto de tres megarepresas afectaría la zona de los ríos Cuervo, Blanco y Cóndor en el Fiordo Aysén, zona afectada gravemente por los fuertes sismos del primer semestre de 2007 y que ha marcado el epicentro de los mismos. Su proyecto ha suscitado innumerables cuestionamientos, entre otros por la ausencia, en su estudio, de la conexión de la producción de la energía con el transporte a algún sistema (nuevo o ya existente).
Este proyecto ha sido de menor impacto mediático, pero plantea los mismos interrogantes y cuestionamientos de fondo que los proyectos de HidroAysén, con el adicional interrogante de la estabilidad y seguridad que tendrían construcciones de gran envergadura en una zona epicentro de terremotos (falla geológica Liquiñe – Ofqui).
2.3.MORALEJAS
Cabe preguntarse, si estas empresas multinacionales se atreverían a realizar hoy estos megaproyectos en sus países de origen, y más aún si las leyes y la ciudadanía se lo permitirían.
Por otro lado, se observa también que en Chile hay un permanente flujo de personas desde organismos públicos a privados y viceversa, lo que favorece un cuestionable tráfico de influencias y el uso de información reservada y privilegiada, sobre todo desde organismos de Estado a empresa privada. Esto plantea éticamente incluso la objetividad, transparencia e independencia en las decisiones de los organismos de Gobierno al momento de tomar decisiones para aprobar o rechazar proyectos que se presentan para el E I A (Estudio de Impacto Ambiental).
Adicionalmente, la aprobación o rechazo de proyectos presentados al E. I. A., requieren un análisis y participación también de la ciudadanía, y la complejidad y el tiempo previsto para ese estudio, ciertamente no favorece una participación objetiva y real de la ciudadanía, sobre todo si los proyectos son tan complejos y voluminosos.
3. Transporte de Energía
En la danza de los euro – dólares, y en conexión con las empresas de hidroelectricidad, está la
transmisión de la energía desde el lugar de producción (represas) hasta el sistema central de distribución.
El proyecto de generación de energía en Aysén prevé transportar esa energía con una línea de alta tensión continua hasta Santiago, para, desde la Capital, distribuirla al Sistema Interconectado Central (SIC). Este traslado requeriría de torres de alta tensión y línea de transmisión que recorrerían unos 2.300 Kms., ocupando una franja de unos 70 metros de ancho a lo largo de todas las 8 regiones que separan Aysén de Santiago. Llegaría a ser una línea de transmisión entre las más largas del mundo, atravesando terrenos fiscales y particulares de bosques, agricultura, turismo, incluyendo Parques y Reservas Nacionales, violando incluso áreas protegidas por leyes internacionales.
La empresa multinacional transportadora de electricidad sería la subsidiaria de la canadiense Brookfield, TRANSELEC, calculando más de 6.000 torres de alta tensión que atravesarían más de 60 comunas del país, y el costo estimado para esta obra superaría los 2.000 millones de dólares.
La
información por parte de la empresa de esta extensa obra es escasísima, hasta el momento. Sin embargo hay información relevante que la
ciudadanía y los dueños de predios particulares deberíamos exigir, y que tal vez
las MUNICIPALIDADES deberían requerir y comunicar, relacionada con DERECHOS que se tienen respecto a posibles inundaciones de sus predios (en caso de embalses) o por el posible paso de líneas de transmisión con sus respectivas torres gigantes. No menor es también la información sobre efectos en la salud de las personas que podría provocar el poderoso campo electromagnético que se genera alrededor de los cables de transmisión eléctrica.
También en este caso cabe la pregunta: ¿Qué papel le corresponde al Estado para velar sobre los derechos de la ciudadanía? Informaciones de prensa del mes de marzo de 2008 indican que la danza de los euro –dólares ha facilitado la creación de una nueva sociedad creada por Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. (con 99,9%) y Colbún S.A. y Empresa Nacional de Electricidad S.A.:
Hidroaysén Transmisión S.A.
Esta nueva compañía tendrá como giro la administración y/o desarrollo de los distintos sistemas de transmisión de energía eléctrica vinculados al Proyecto Hidroeléctrico Aysén. (El Divisadero, 11 de marzo de 2008).
Empresas privadas con capacidad de inversiones económicas tan elevadas seguramente esperan recuperar lo invertido en el más breve tiempo posible y luego hacer negocio con los usuarios. ¿Estaremos los ciudadanos dispuestos a “vender nuestra madre”, la Madre Tierra, “por un plato de lentejas”? El amor y sabiduría que nos une a la Madre Tierra ciertamente encontrará corazones, voluntades y mentes dispuestos a reaccionar.
E. ENERGIA Y DESARROLLO
Cualquier país del mundo, al igual que Chile, hoy necesita de ENERGIA para su desarrollo. Actualmente esta energía se produce esencialmente usando recursos que se van extinguiendo en el planeta, como son el petróleo, el carbón, el gas natural, la leña. También hay energía producida por el agua
(hidroelectricidad) o por productos agrícolas como el maíz, trigo, avena, remolacha, maravilla, raps
(biocombustibles), y en algunos países producen energía
nuclear. Sobre todo las primeras son altamente contaminantes, y en Chile sus materias primas son importadas.
Las demandas energéticas aumentan considerablemente año a año, sea en Chile (crecimiento anual de más del 6% en MW, superior al crecimiento económico del país), sea en el mundo, sobre todo con la irrupción creciente de China e India. También en el consumo energético se manifiesta la inmensa disparidad entre países pobres y ricos (Tanzania con 100 Kwh por persona al año, Suecia con 15.000 Kwh / persona / año en energía eléctrica). De igual manera en Chile hay una marcada inequidad en el acceso a estos servicios, desde el “colgarse” a la red pública para que los pobres tengan luz, al descontrolado consumo de enormes casas súper iluminadas y con numerosos electrodomésticos.
La exacerbación de una mentalidad y cultura consumistas ciertamente no favorecen el ahorro y la eficiencia energética.
Ya relevábamos que el sector minero – industrial es el más consumidor de energía. Cada día con mayor fuerza se plantea el uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) sobre todo a raíz del problema ecológico y de la crisis energética.
Lo lógico y sabio seria que un país tenga claras y sustentables políticas energéticas. En el caso de Chile lamentablemente hay que reconocer que,
como Estado, NO TIENE AÚN UNA POLÍTICA ENERGÉTICA DEFINIDA, dejando así a las iniciativas de las empresas privadas (frecuentemente multinacionales extranjeras) la generación, producción y distribución de energía, sabiendo que lógicamente estas buscan su interés económico, con menores costos y mayor rentabilidad, llegando a veces incluso a “disfrazar” su responsabilidad social empresarial con donativos y beneficios no pocas veces humillantes. En estos casos Padre Hurtado seguramente volvería a llamarnos a cumplir primero con la justicia y luego con la caridad.
De seguir con la actual ausencia de una política energética de Estado, no sería extraño que Chile se viera enfrentado a serios problemas sociales, económicos y ambientales, sabiendo que los mayores costos son pagados siempre por el conjunto de los consumidores, sobre todo los más pobres, afectando la seguridad energética, la producción industrial y la seguridad y salud ciudadanas. Es de desear que la creciente voz de la ciudadanía despierte una mayor responsabilidad, eficiencia y sabia acción política de las autoridades competentes (elegidas y designadas) en estas problemáticas.
1. Energías de MUERTE
Ya mencionamos la peligrosidad ecológica, social, ética, política,… de energías contaminantes, destructoras del medio ambiente y perjudiciales para la salud de las personas.
Entre ellas la
hidroeléctrica, que se plantea producir en Aysén y en la Patagonia con varias megarepresas.
Al no tener aún una política energética de Estado ¿será adecuado tomar decisiones apresuradas para avalar megaproyectos que producirían graves problemas ambientales y sociales irreversibles, si no hay aún estudios serios de factibilidad de otros tipos de energías sustentables?
Los conflictos que se podrían producir no serían entre privados sino que serían conflictos en que el Estado debería intervenir, pues allí está el origen del conflicto. No podemos callar lo inhumano, antiético e inmoral que pueden llegar a ser las energías producidas por los llamados biocarburantes, sacándole el pan de la boca a los pobres para alimentar los estanques de automóviles, llegando incluso a aumentar el precio de las materias primas y de los productos alimenticios. Entre las energías de muerte clasificamos también la
nuclear. Sus riesgos y peligrosidad ambiental y para la salud, sobre todo en Chile, se podrían dar por no estar humana y tecnológicamente preparados para esta producción, agravada por la inseguridad de operación en un país altamente sísmico y volcánico. Adicionalmente, los desechos radioactivos mantienen su toxicidad por miles de años y no hay tecnología que los destruya. Hasta la Patagonia fue amenazada, años atrás, con ser un basural nuclear.
Decidoras son las situaciones creadas por la central de Chernobil, y últimamente las que se crearon en países “de alta y segura tecnología” como son Japón y Francia. Luego de un fuerte terremoto, se produjo un incendio en la super – central de Kashiwazaki – Kariva (Japón) de la sociedad La Tepco, que obligó al Gobierno a cerrarla el 17 de julio de 2007 por alarma de radiaciones nucleares. Igual suerte pasó con las centrales del grupo Areva en Tricastin Bollene (sur de Francia) el 8 de julio de 2008 y con la fábrica de producción de combustible nuclear para reactores, en Romans – sur – Isère el 18 de julio pasado.
2. Energías de VIDA
Se plantea el urgente desafío a los científicos, profesionales, empresarios, políticos, autoridades de investigar y promover el desarrollo de las llamadas ERNC (Energías Renovables No Convencionales) de las cuales Chile tiene un enorme potencial aún no claramente calculado.
Esto sería parte de la diversificación de la matriz energética, incrementando un auto abastecimiento de energía, bajando la dependencia de combustibles externos, disminuyendo la contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida, disminuyendo costos sociales al Estado, impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías, creando nuevos puestos de trabajo, respetando las economías regionales, incrementando la seguridad nacional y generando incluso un nuevo rubro de exportación (energía).
Nos referimos a las energías
solar (que al parecer se estaría descubriendo la posibilidad de almacenarla) abundante en todo el norte de Chile, a la energía
eólica presente a lo largo de todo el país, a la energía
geotérmica y la
mareomotriz con posibilidad en todo Chile, a la energía de
biomasa con disponibilidad de Santiago a Puerto Montt aproximadamente.
Son todas ellas compatibles con el respeto al ser humano y a la naturaleza, y serían eficientes, limpias, seguras y sustentables, al decir de los más expertos. Mención especial merece la energía
hidráulica producida con pequeñas y medianas centrales y las centrales de pasada, pues evitarían las inundaciones y crearían un muy bajo impacto ambiental manteniendo la continuidad de los ríos sin alterar los ecosistemas. Considerando la abundancia de ríos en el sur de Chile sólo desde los 1.500 metros de altura podría generarse un enorme potencial en MW. Según los expertos, la implementación de estas ERNC tendrían un bajo costo de operación, posibles altos costos de instalación, pero una abundante disponibilidad potencial.
Un paso importante, aunque modesto, se dio en el Senado al aprobar en enero pasado la “Ley de Fomento de Energías Renovables No Convencionales” que obliga a las empresas que comercializan la energía, a que el 5% de sus transacciones cada año a partir de 2010 sean de estas fuentes. Y desde 2015 este porcentaje aumentará un 0,5% hasta llegar a un 10% en 2025.
En esto el rol del Estado debería ser más activo, favoreciendo incluso subsidios o subvenciones a través de un posible fondo nacional para los más emprendedores. Más allá de estas alternativas energéticas más sustentables y limpias, ciertamente que la opción más barata será siempre el uso eficiente de energía y la reducción del consumo energético, a partir de nuestros hogares, como signo también de solidaridad social y de lucha contra el consumismo.
