La Iglesia Católica y el Proyecto de Ley sobre Matrimonio Civil
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La Iglesia Católica y el Proyecto de Ley sobre Matrimonio Civil

Segunda Parte

Fecha: Sábado 15 de Agosto de 1998
Referencia: 487/1998
Pais: Chile
Ciudad: Santiago
Autor: Comité Permanente

otros aspectos relevantes

46. Si nos detenemos en el análisis de otros aspectos relevantes de la ley que se estudia referentes al divorcio, constatamos lo siguiente:

47. a) La separación prolongada o definitiva ha sido una manera dolorosa y a la vez necesaria de evitar problemas muy serios, que hacen imposible la vida en común sin grave daño para uno de los cónyuges y los hijos. Suelen recurrir a esta solución quienes no quieren romper la alianza matrimonial, por la cual marido y mujer se prometieron. fidelidad en las situaciones favorables y en las adversas.

48. En el proyecto de ley, sin embargo, la separación aparece como una de las causal es más importantes para disolver el matrimonio. Se propone en él que una separación de hecho, si se ha producido de común acuerdo entre las partes, después de tres años ya puede ser señalada como causal suficiente de divorcio por uno de los cónyuges, aún en contra de la voluntad del otro (ver art. 49, inciso 1). Y cuando un cónyuge se va de la casa, rompiendo sus deberes conyugales y parentales, el solo hecho de estar separado le da derecho pleno a exigir el divorcio y a recibirlo después de cinco años de ausencia (ver art. 49; inc 2)

49. b) En el fondo, salvo el número de años de separación que el proyecto exige en determinados casos, resulta que en él las mismas causales que justifican una separación, justifican también el divorcio con disolución del vínculo. Por eso, aunque el juez llegase a convencerse de que en un caso determinado el divorcio no es necesario y que un bien superior exige que no se conceda, ocurre que no puede impedirlo, pues no se le da un papel activo para proteger el matrimonio y tampoco recibe ni los criterios ni la facultad para negar la disolución del vínculo. Optar por el divorcio queda, entonces, solamente en manos de los cónyuges y, muchas veces, en manos de uno solo de ellos, aunque su decisión sea arbitraria y dañe profundamente a los demás miembros de la familia.

50. c) Desde el punto de vista de los resultados puramente prácticos, si se compara este tipo de divorcio con el actual uso de las nulidades fraudulentas, que es inaceptable, al menos éstas últimas no pueden ocurrir sin el consentimiento de los dos cónyuges. Y ofrecen la posibilidad al más débil de ellos de obtener en forma previa un arreglo satisfactorio en vista de su futuro y el de los hijos. El proyecto de ley en trámite ofrece un tipo de divorcio unilateral que puede hasta premiar a quienes han atropellado los deberes más sagrados con sus hijos y con su cónyuge. Con esto, se consagra un modelo de divorcio que equivale a un repudio de Lino de los cónyuges por parte del otro, constituyéndose así en una ley peligrosamente laxa sobre la materia. En lugar de proteger a la familia, la debilita y perjudica a sus miembros, sobre todo a los niños y a la mujer.

51 . d) La primacía que el proyecto de ley da a la voluntad de uno de los cónyuges a los efectos de lograr el divorcio, y el rol pasivo que se asigna al juez, revelan que la iniciativa legal excluye de algún modo la institución matrimonial del orden público, para ubicarla en el ámbito de la mera contratación privada, que depende exclusivamente de la voluntad individual de las partes interesadas. El matrimonio como la familia no son, sin embargo, el fruto de meros acuerdos contractuales, sino comunidades de personas que pertenecen siempre al orden público, porque su protección y fortalecimiento interesan y comprometen a toda la sociedad.

52. e) Dos carencias importantes. Si el proyecto realmente quisiera favorecer a la familia y a la sociedad, incluiría disposiciones para que en los tribunales existiera un fiscal para la defensa del vínculo y no suprimiría el procedimiento de la consulta a la Corte de Apelaciones (ver art. transitorio 2, letra b, que modifica el art. 753 del Código de Procedimiento Civil).

53. Además, establecería que al inicio del proceso judicial se debiera recurrir a una instancia de reconciliación para tratar de salvar el matrimonio antes de llegar a la ruptura definitiva. Cuántas veces el consejo oportuno de una persona sabia logra que las partes reconsideren lo que habían decidido. Es cierto que el proyecto de ley en trámite establece instancias de conciliación y mediación, pero ellas parten de la base que la separación o disolución del matrimonio es de hecho inevitable y sólo buscan obtener un acuerdo entre las partes sobre las consecuencias de la ruptura (ver arts. 59-62).

incompetencia del juez

54. Por último, una reflexión sobre quién disuelve el vínculo matrimonial. El proyecto dice que el juez decreta la disolución del matrimonio mediante sentencia. Es decir, quien representa al Estado, el juez, aplica la ley y disuelve la alianza matrimonial. Sin embargo, no hay que olvidar que el Estado no es quien une a los esposos, sino que solamente es testigo y notario del contrato que ellos sellan en el acto en el cual los novios contraen matrimonio. Por esa razón, tampoco puede disolver dicho contrato. En efecto, la instancia que hace de testigo y notario de un contrato, podrá declarar que éste fue nulo, pero nunca podrá ser competente para disolverlo.

en resumen

55. No nos hallamos ante un proyecto de ley que favorezca a la familia y admita el divorcio sólo como un mal y como una excepción. Nos encontramos ante un proyecto que, por el contrario, favorece el amplio uso del divorcio vincular, debilitando en consecuencia la institución del matrimonio y de la familia que se forma a partir de éste.

56. En una palabra: el proyecto en trámite, en cuanto incluye el divorcio vincular, es contrario al bien verdadero de la Nación y merece ser rechazado. Sus disposiciones manifiestan una debilidad en su base, pues no toman en cuenta que los que se casan, normalmente lo hacen para toda la vida, indisolublemente; tampoco expresan consecuentemente el mandato constitucional de proteger a la familia y propender a su fortalecimiento; y no reflejan una visión coherente de la naturaleza del matrimonio y de la función del Estado, el cual no establece el matrimonio, sino lo constata, respeta y favorece, pero sin tener competencia para disolverlo.

Legislar en favor del Matrimonio y de la Familia

57. A nuestro parecer, hoy más que nunca necesita nuestro país una legislación orgánica sobre el matrimonio y la familia, que realmente los proteja y estimule su fortalecimiento. Nada gana el país con leyes que traten de resolver dolorosas situaciones particulares a costa de debilitar la misma institución familiar.

58. Nuestra intención no es agobiar a los hogares que se formaron después de una ruptura matrimonial, ni impedir que el Estado, tomando ciertas cautelas, proteja estos hogares cuando son estables. También en estos casos, el bien de los hijos requiere la protección de la ley. Pero, para ello, creemos que no es necesario ni conveniente alterar la naturaleza del vínculo matrimonial y reemplazar este firme fundamento de la familia por la inestabilidad del "matrimonio divorciable".

59. Atravesamos una fase decisiva de nuestra historia, en la cual el país ha abierto sus fronteras al intercambio de bienes materiales y culturales. Nuestra identidad cultural, junto con recibir aportes positivos de otras culturas, está siendo amenazada y desafiada por otros sistemas valóricos, que no ponen al centro ni al ser humano y sus valores más nobles, ni menos aún a Dios. Ellos son reemplazados por un mayor egoísmo, un consumismo y un hedonismo desenfrenados y otros factores que son signos de decadencia cultural y no de progreso valórico. Todo esto da origen a personas inestables, desarraigadas, individualistas y muchas veces violentas. Por eso, a los demás problemas que abordan las familias en nuestra patria, se suman éstos, que corroen los valores que la sustentan.

60. El país necesita una legislación que consagre los derechos de la familia -de los esposos, de los hijos y de la familia en cuanto tal- y que sea favorable a todas las iniciativas que los promuevan.

61. Naturalmente, dicha legislación debiera contemplar también la protección que debe prestar el Estado a las madres solteras y a sus hijos, regular los casos de nulidades y de separaciones y ocuparse de las uniones sucesivas cuando se ha roto el matrimonio, sobre la base de los derechos de los hijos que nacen en estos nuevos hogares.

62. Con ánimo de mejorar la defensa del matrimonio y la familia, proponemos también que en los Tribunales, -que bien podrían ser los Tribunales de la Familia-, exista siempre un "Defensor del Vínculo" o "Fiscal encargado por oficio de la defensa del vínculo y de la familia". Sin esta institución, no hay suficiente garantía contra las declaraciones fraudulentas y las argumentaciones engañosas que se presentan con facilidad en situaciones de nulidades y separaciones, y con mayor razón podrían darse respecto del divorcio vincular.

63. Asimismo, después de un maduro examen, esta legislación podría dar una solución adecuada al problema de la duplicidad del matrimonio religioso y civil que, de hecho, existe en Chile para la inmensa mayoría de los esposos. Ellos tienen conciencia de casarse tan sólo una vez y de acudir a la otra instancia ya sea para inscribir o bendecir su matrimonio, según cual sea el credo religioso, pero no para casarse de nuevo. Desde ya, ofrecemos nuestra colaboración a fin de llegar a una legislación en este ámbito que sea amplia y sabia, y persiga el mayor bien de la familia y de nuestro país.

El Compromiso de la Iglesia con las Familias

64. Como Pastores de la Iglesia Católica(3), queremos ayudar a las familias a tener la experiencia de una vida propiamente humana, basada en el amor gratuito, el respeto y la fidelidad. De la misma manera, nos preocuparemos por alentar a las familias a desarrollar su misión de ser "Iglesia doméstica", en que la relación entre sus miembros esté animada por el amor a Dios y al prójimo. Deseamos apoyar a la familia en su tarea de poner las bases más profundas de la cultura, porque es en ella donde se imprime en cada uno la imagen de lo que significa ser hombre y ser mujer; donde se aprende a dar y recibir amor; donde la sexualidad se aprecia como algo positivo y respetable; donde se practica una convivencia marcada por la comunión, la participación, la justicia y la generosidad.

65. Queremos, además, en nuestra tarea de Pastores, acoger y cuidar a tantos hermanos nuestros que han fracasado en su matrimonio, o que no han fundado su hogar sobre la base sólida de un matrimonio para siempre. Hacemos nuestras las palabras del Santo Padre Juan Pablo II, al decir que ellos son miembros de la Iglesia, que están invitados a orar, que tienen su lugar en la celebración eucarística dominical, con la dificultad, sí, de no poder recibir el sacramento de la comunión. Que están llamados a educar cristianamente a sus hijos y a participar en obras de Iglesia, en especial las de caridad y solidaridad (ver Juan Pablo II, Familiaris Consortio n° 84).

66. Con especial misericordia, también nos preocupamos y queremos seguir preocupándonos de aquellos hogares establecidos sobre la base de madres solteras o abandonadas.

Conclusión

67. Concluimos este documento de trabajo, entregando con confianza estas consideraciones a los legisladores de nuestro país, especialmente a los miembros del Senado de la República, a cuyo juicio ha sido sometido- en su segundo trámite legislativo este proyecto de ley' sobre el matrimonio civil.

68. Pedimos en este año de preparación al Jubileo del 2.000, dedicado particularmente al Espíritu Santo, que El los ilumine en la noble y delicada tarea de encontrar el ordenamiento jurídico que más proteja y fortalezca a la familia y mejor contribuya al bien de la Nación.

Por encargo de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile,

Comité Permanente del Episcopado

† Fernando Ariztía Ruiz
Obispo de Copiapó
Presidente

† Francisco Javier Errázuriz Ossa
Arzobispo de Santiago

† Antonio Moreno Casamitjana
Arzobispo de Concepción

† Sergio Contreras Navia
Obispo de Temuco

† Javier Prado Aránguiz
Obispo de Rancagua

Santiago, 15 de Agosto de 1998

NOTAS

(3) cfr. Orientaciones Pastorales 1996-2000, n.73-77, 103-106.


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