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Reflexiones anteriores
Falta mayor protección del Estado en la inserción laboral de las mujeres

Un paso en favor de los derechos de los trabajadores en Chile

Por Carlos Cantero, senador por la región de Antofagasta

Quiero expresar el beneplácito y la satisfacción que me ha provocado ver cómo el Parlamento, concientizado por los problemas del mundo laboral, ha asumido el estudio del proyecto de ley que moderniza los juicios laborales que es de alta sensibilidad social.

Es un hecho real y cierto que en materia de justicia laboral y previsional hay situaciones absolutamente aberrantes, injustas, que atropellan los derechos de los trabajadores, fundamentalmente por ser éstos la parte más desprovista, más débil en todo el proceso.

Son múltiples los ejemplos en diversas áreas de la economía donde la actividad se ve -diría- cruzada por hechos en extremo abusivos, tanto en el ámbito de los derechos laborales como en el del entorno de higiene y salubridad y, también, en materia previsional.

Cuando estos trabajadores recurren a pedir justicia, se encuentran con procesos judiciales extremadamente largos, injustos además, porque el trabajador, que carece de sueldo normalmente porque lo aqueja un problema en su vinculación laboral y, en consecuencia, no tiene cómo acceder a un buen abogado, se ve enfrentado a equipos de profesionales altamente calificados contratados por las empresas. Por tanto, se trata de una verdadera lucha al estilo de David y Goliat.

Por ello considero muy importante brindar un mejor acceso a la justicia a los trabajadores, y también al empresario; posibilitar la efectividad del derecho sustantivo, que cautele y proteja realmente a las partes; asegurar el efectivo y oportuno cobro de los créditos laborales, que permita a los trabajadores recibir el estipendio, la justa retribución al aporte productivo que hacen en cualquiera de los sectores; potenciar el carácter diferenciado del procedimiento laboral, de manera de materializar en ese ámbito las particularidades propias del derecho del trabajo, altamente calificado, especializado.

Creo que la iniciativa, cuya idea de legislar acabamos de aprobar, es de toda justicia. Por ello tanto yo como la bancada de Renovación Nacional la apoyó y aprobó con entusiasmo, toda vez que es una respuesta al clamor y demanda de miles de trabajadores que ven cómo sus derechos son atropellados, sin recibir en justicia lo que les corresponde, y ven, también, un sistema judicial, que, además, no responde oportunamente, con lo que se hallan atados de manos, porque no tienen los recursos, las herramientas, ni la asesoría que les permita cautelar adecuadamente tales derechos.

Pequeñas empresas subsisten no pagando las imposiciones

Por José Ruiz de Giorgio, senador por la región de Magallanes

Creo que no basta con el proyecto de modernización de los juicios laborales, ni con las leyes que hemos despachado hace pocos meses y en los últimos años.

En Chile las normas laborales no se cumplen y las estadísticas de la Dirección del Trabajo así lo indican. Pero a mi juicio surgen problemas más graves que se presentarán cuando discutamos el proyecto en particular.

Importantes sectores de la vida nacional estiman con el proyecto que permitirá agilizar la justicia laboral, se va a poner entre la espada y la pared a las pequeñas empresas del país. Y eso es cierto. Porque hoy un número considerable de ellas sólo pueden subsistir gracias a que no pagan las imposiciones a sus trabajadores y se quedan con esas platas; no cancelan todas las remuneraciones ni cumplen con los beneficios que establecen las leyes laborales. Eso les permite subsistir.

Obviamente, si el nuevo procedimiento laboral conduce a que se cumpla el Código del Trabajo, muchas empresas no serán capaces de enfrentar su funcionamiento y quebrarán.

La cuestión, entonces, no solamente pasa por dictar leyes laborales. Hay un problema pendiente que el país todavía no aborda: cómo enfrentamos la situación de las pequeñas empresas familiares que no deben operar solamente explotando a los trabajadores.

No resulta aceptable que esas empresas existan sólo por que no pagan remuneraciones o por que cancelan sueldos miserables. Las empresas deben tener viabilidad.

Ello significa que debemos impulsar un proceso de modernización de las pequeñas empresas, para que accedan a tecnología moderna, mejoren sus procedimientos de administración y perfeccionen sus mecanismos de comercialización. Hoy día hablamos de la globalización, del mundo exterior, de los mercados internacionales. Pero, ¿cómo acceden a ellos las pequeñas empresas?

Otro problema que debemos abordar en conjunto con el sector empresarial estriba en que si las grandes compañías siguen tercerizando sus servicios o entregando a contratistas o subcontratistas las actividades que les son propias (en circunstancias de que pueden ofrecer a sus trabajadores remuneraciones adecuadas, bajo sindicatos capaces de negociar colectivamente), los pequeños contratistas y subcontratistas se quedarán con la parte más riesgosa y menos rentable del negocio y, por lo tanto, para subsistir terminarán apretando a los trabajadores.

A mi juicio, el punto central radica en que el sistema económico está funcionando mal. Y eso no se resuelve sólo con un par de leyes laborales. Este es un problema de fondo. Y quiero destacarlo porque me parece importante que el Senado lo considere y realice un debate profundo sobre el tema.

Cabe hacer presente que se han aprobado algunas iniciativas legales respecto de las pymes. Pero no existe una política de Estado destinada a ellas. Y no es posible impulsar una política de Estado sólo desde el Gobierno; debe construirse desde los propios actores sociales. Aquí se necesita una suerte de acuerdo social entre las grandes empresas, el sistema financiero y los pequeños empresarios. Porque uno se pregunta: ¿a qué crédito accede una pyme?

Las tasas de interés que se cobran a las pequeñas empresas son muchísimo más altas que las que pagan las grandes compañías. Porque en definitiva éstas últimas son accionistas de los bancos y funcionan juntos.

Sin embargo, la pequeña empresa no tiene acceso al crédito, está atrasada en tecnología y no cuenta con formas de comercialización eficientes. Por eso se requiere un cambio profundo al sistema económico, el cual debe hacerse -como digo- entre todos. El sistema hoy día no está funcionando.

Hemos dado un importante paso en el Senado al aprobar la idea de legislar de éste proyecto que moderniza los juicios laborales porque va a ayudar a solucionar algunos problemas. Pero las cuestiones de fondo quedarán pendientes, porque no ha habido todavía voluntad para discutir los problemas que afectan fundamentalmente al sistema económico vigente que termina funcionando a base de la explotación de la gente.

Las grandes empresas no asumen su responsabilidad y, a través de terceros, la traspasan a las pequeñas que no tienen ninguna capacidad para responder y finalmente pagan el pato los trabajadores. Y cuando éstos acuden a los tribunales se favorece primero a los bancos, después a otros acreedores y al final a ellos, si es que tienen un sindicato o un abogado que los defienda.