El trabajo como un derecho y fuente de derechos Exequiel Rivas G. Dedico estas reflexiones a Juan Pablo II, Mensajero de la vida, peregrino de la paz, magno maestro de la verdad sobre Jesucristo, la Iglesia y el hombre. Aclaro que mi inspiración brota e la más bella de sus encíclicas sociales, Laborem Exercens, (14 de septiembre de 1981), sobre la dignidad del trabajo y del trabajador. Esta carta escrita íntegramente por el Papa obrero, dedicada a todos los trabajadores, ha reforzado la convicción moderna de que el trabajo es uno de los derechos humanos más fundamentales y simultáneamente fuente de derechos, como la justa retribución, el merecido descanso y la asistencia en caso de accidentes. Ya la declaración universal de los derechos humanos (10 de diciembre de 1948) lo reconoce en forma solemne. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo (atr. 23) Las constituciones modernas expresan su reconocimiento formal a este derecho considerándolo expresión de uno aún más fundamental: el de existencia, el vivir la vida conforme a la dignidad propia de una criatura racional. En consecuencia, el ejercicio ejecutivo de esta prerrogativa constituye una condición indispensable para lograr calidad de vida, desarrollo, bienestar, felicidad no sólo a nivel personal sino también social. El trabajo, no lo olvidemos, es un medio para vivir y con-vivir. La falta de trabajo hipoteca gravemente estas dimensiones de la existencia. Desde un punto de vista antropológico el homo sapiens es asimismo homo faber, es decir, no sólo un contemplativo sino un ser dinámico, activo, hacedor de cosas, creador. La cercanía a prójimos que han padecido o sufren actualmente cesantía prolongada me ha convencido que los subsidios estatales o los aportes solidarios pueden atender sólo las necesidades biológicas; jamás podrían devolver el tono vital, la alegría de vivir, la capacidad de soñar. La súplica, ayúdame a encontrar pega, que brota de las profundidades del alma cesante es la mejor confirmación de que sin trabajar la vida se torna cuesta arriba y en situaciones límites invisible. Un adulto excluido de la actividad laboral es como un niño a quien s ele impide jugar. En este contexto cobra toda su gravedad la pregunta: ¿quién garantiza en definitiva el derecho a trabajar?, ¿el Estado?, ¿los empresarios?, ¿la comunidad? Los católicos hemos respondido tradicionalmente y casi sin titubear el Estado y los empresarios. La respuesta es correcta, pero una vez más Juan Pablo II en el magisterio social ha enriquecido nuestra comprensión del problema y enseñado que la responsabilidad de generar las condiciones para proporcionar a todos un trabajo libre, digno y bien remunerado recae en toda la comunidad y en cada uno de sus miembros. En efecto, la solidaridad entendida como una disposición permanente de servir al bien común supone que todos seamos responsables de todos de tal manera que cada uno conforme a dones y talentos que recibió tiene la obligación moral de asumir su responsabilidad y entregar su aporte. Es gratificante observar como muchos maestros comparten generosamente su trabajo con quienes recién se inician en gasfitería, albañería, electricidad o mecánica. Dígase lo propio de los profesionales que recogen a jóvenes que a pesar de sus títulos tienen serias dificultades para integrarse al mundo del trabajo. En esta materia cada uno sabe cuánto puede contribuir. Nuestro aporte por pequeño que sea será debidamente considerado cuando se nos interrogue acerca de lo que hicimos para dar de comer al hambriento y de beber al sediento (San Mateo, cap. 25) Nadie pude eludir su responsabilidad: todos somos responsables de todos. Y, ¿los empresarios? Ellos , emprendedores por definición, tienen un tremendo desafío, una misión que desempeñar: generar empleo , creando las condiciones para que cada empresa sea una comunidad laboral, un lugar donde cada uno sea reconocido como persona y reconozca en los demás a personas con las cuales co-laboral sintiendo que recibe en forma de salario y otras prestaciones , la porción correspondiente a su aporte. El estado, rector del bien común, cumpliendo su rol subsidiario, no sólo debe dejar hacer, sino ayudar a hacer y hacer por sí mismo todo lo necesario para que el derecho a trabajar deje de ser una formalidad y sea una posibilidad real. A él corresponde fomentar, estimular, coordinar, suplir e integrar todo el esfuerzo de los particulares, de las instituciones, de los empresarios para alcanzar el pleno empleo, condición del bienestar de la población. Sumando esfuerzos podemos lograr que el derecho a trabajar deje de ser letra muerta y se convierta en realidad para todos los que anhelan integrarse a alguna de las modalidades de trabajo humano. |