Santiago, 27 de marzo de 1973.
1. Un atento estudio del "Informe
sobre Escuela Nacional Unificada, Santiago, febrero 1973";
los datos que tenemos acerca de la forma cómo ha
sido discutido hasta ahora a lo largo del país;
y la comprensible sensibilidad de la Iglesia en todo lo
que toca a la educación, nos lleva a hacer la siguiente
Declaración.
2. El Informe tiene, sin lugar a dudas,
aspectos positivos que apoyamos sin vacilar. Destacamos
dos: el primero, la incorporación de todos los
chilenos a un proceso educacional que nos discrimina a
nadie por su capacidad económica, su condición
social o su posición ideológica, y ofrece
a todos las mismas opciones de acuerdo a sus diversas
capacidades. El segundo, la integración de estudio
y trabajo; y la valorización del trabajo físico,
como un de los elementos que contribuyen al pleno desarrollo
del hombre y al desarrollo económico y progreso
social de la comunidad.
También vemos elementos positivos
en la integración al proceso educativo de todas
las edades de la vida, respetando el insustituible valor
educativo del propio hogar.
3. Por muy pluralista que se proclama
el informe, no vemos destacados en parte alguna los valores
humanos y cristianos que forman parte del patrimonio espiritual
de Chile, y a los que adhiere un altísimo porcentaje
de los estudiantes y de los padres de familia chilenos.
4. Los Obispos no podemos dejar de insistir
en estos valores "humanistas" como son: el respeto
al hombre y, en particular, al niño; la libertad
de la cultura, la búsqueda de la verdad, y el espíritu
crítico y las condiciones reales de su ejercicio;
el equilibrio entre los valores materiales que apuntan
a la producción y los valores espirituales que
contribuyen a la plena realización del hombre,
incluyendo entre ellos la posibilidad real de la Fe y
de la vida conforme a la Fe.
5. En cambio, se da por establecido que
el país acepta, en forma mayoritaria, un planteamiento
que se declara "socialista, humanista, pluralista",
y revolucionario, en circunstancias de que una parte considerable
del país se manifiesta en desacuerdo, o con este
planteamiento en sí mismo, o con la forma como
se le quiere llevar a la práctica.
6. En cuanto al procedimiento con que
se quiere implantar el Chile la Escuela Nacional Unificada
nos llama la atención dos hechos.
Se invita, por una parte, a una amplia
participación de la comunidad en el debate sobre
la educación; y, por otra, se restringe ese mismo
debate en la práctica a un mínimo y en ocasiones
se le excluye, y se insiste en que el proyecto de la ENU
se llevará a ejecución de todos modos y
en plazos ya rígidamente fijado.
El Informe presente, además, dificultades
prácticas -a la educación particular, entre
otras- y, sin embargo, se insiste en su aplicación
inmediata, como si todos los problemas suscitados pudiesen
resolverse sobre la marcha.
Ante estos dos hechos las palabras imposición
e improvisación vienen a la mente aun sin quererlo.
7. Debemos creer en la sana intención
que anima al Sr. Presidente de la República y al
Sr. Ministro de Educación, con quienes hemos conversado
cordialmente y a quienes hemos pedido que se postergue
la aplicación de este plan de la ENU, para permitir
un amplio debate nacional, serio y constructivo, verdaderamente
democrático y pluralista, en que participen -plenamente
sin limitaciones y sin apremios- los padres de familia
y también los directores y profesores de colegios
fiscales y particulares, los alumnos según edad,
y todos los organismos nacionales preocupados del destino
de Chile.
8. Un plan de reforma radical del sistema
educacional en Chile deberá tener en cuenta, antes
que nada, a los padres de familia, a quienes asiste el
deber irrenunciable de la educación de sus hijos,
y a quienes hay que darles la posibilidad real de ejercer
ese derecho y de cumplir ese deber.
La declaración de los Derechos
Humanos de la ONU, firmada también por Chile, dice
textualmente: "Los padres de familia son los primeros
y principales educadores de sus hijos. Tienen derecho
preferente a escoger el tipo de educación que habrán
de recibir".
9. Este mismo plan exige tener una gran
claridad en sus fundamentos y en sus objetivos, que deberán
corresponder a los puntos de vista y exigencias de la
comunidad nacional entera; no de un grupo político
determinado, por importante y bien intencionado que sea.
Las personas pasan y los documentos quedan.
Siempre hay que pensar en la posibilidad de que otros
los usen o los apliquen con un criterio diferente de quienes
los redactaron, si el texto mismo no tiene perfecta claridad
y precisión.
10. Veremos, por otra parte, con agrado
que se presente el Proyecto de Ley, ya previamente conversado
entre el Episcopado chileno -después de haber consultado
los organismos respectivos- y representantes del Gobierno
sobre el Consejo Nacional de la Educación Particular,
que regula en forma que nos parece de mutuo respeto y
colaboración, las relaciones entre la Educación
particular y el Estado chileno.
11. Dejamos expresamente constancia de
que nuestra intervención en este debate se funda
exclusivamente en deberes inherentes a nuestro carácter
de Obispos y apóstoles de Jesucristo y trasciende
toda posición política partidista. Respetamos
a los políticos y a los partidos, pero no nos identificamos
con ninguno de ellos y no deseamos que se nos presente
como partidarios o adversarios en este terreno, sino exclusivamente
preocupados del presente y futuro de la Iglesia y de los
chilenos.
Por el Comité Permanente del Episcopado
+ Raúl Cardenal Silva Henríquez
Arzobispo de Santiago
Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile
+ Carlos Oviedo Cavada
Obispo Auxiliar de Concepción
Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile
