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Declaración sobre la detención y ataque en Pudahuel a 3 obispos chilenos detenidos en Ecuador

Fecha: Martes 17 de Agosto de 1976
Referencia: 319/76
Pais: Chile
Ciudad: Santiago
Autor: Comité Permanente

El retorno al país de nuestros hermanos en el Episcopado, Mons. Enrique Alvear, Fernando Ariztía y Carlos González, ha permitido a los chilenos conocer, por boca de los propios protagonistas, la verdad de lo sucedido en Riobamba y Quito, Ecuador.

Su autorizado testimonio corrobora que la reunión en la que participaron estaba en conocimiento y tenía el consentimiento de todas las autoridades competentes para ello, y que su desarrollo se ajustó estrictamente al carácter pastoral de su convocatoria.

Ninguna prueba en contrario ha sido producida para impugnar este testimonio, avalado por la autoridad moral de 17 Obispos de la Iglesia Católica.

Su detención, tan arbitraria en sus fundamentos como vejatoria en la forma, representa un evidente acto de hostilidad a la Iglesia Católica, alentado -según informaciones responsables- por "Gobiernos amigos" del Ecuador.

Protestamos enérgicamente por este ultraje. Quienes lo han sufrido son testigos dignísimos del Evangelio de Cristo. La Iglesia sufre solidariamente con ellos y reafirma el derecho de sus Obispos a reunirse libremente para considerar materias propias de su misión evangelizadora. Sólo al Romano Pontífice reconocemos autoridad para definir el ámbito de nuestra competencia pastoral. "La Iglesia -según sus palabras- tiene el deber de anunciar la liberación de millones de seres humanos y ayudar a que esta liberación nazca y sea total. Todo esto no es extraño a la evangelización" (Paulo VI, Evangelización N° 30).

Protestamos también, con igual y mayor energía, contra la violencia y agresión verbal de algunos medios de comunicación de nuestro país. Antes de conocer suficientemente los hechos y -sobre todo- de oír a los inculpados, ellos se han apresurado a marcados con un estigma de subversión, de criminalidad política y de traición a la fe. Condenamos de modo especial la forma tendenciosa e injuriosa con que el vespertino "La Segunda", el matutino "El Cronista" y el Canal Nacional de TV han desfigurado la verdad y provocado un clima de militante hostilidad contra la Iglesia, personificada en sus Pastores. Por esta vía de agresión verbal se prepara -lo sabemos por amarga experiencia- la agresión física contra quienes son sistemáticamente presentados ante la opinión pública como enemigos de la Patria, o de un grupo que dice representada.

Protestamos con indignación por lo sucedido en el aeropuerto de Pudahuel, al permitirse la manifestación concertada y masiva de consignas vejatorias contra tres Obispos chilenos, con directa participación de miembros identificados de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

La misión de todo gobierno es defender celosamente la libertad y honra de sus ciudadanos y no de enlodada.

Condenamos a quienes intentaron agredir, y agredieron de hecho, a los Pastores, a sus familiares y acompañantes, reeditando escenas que ensombrecen el recuerdo de los chilenos. La opinión pública nacional e internacional conoce ya testimonios gráficos y fílmicos de esta irracional agresión y podrá comparados con otros semejantes de 3 años atrás, en que elementos antisociales golpeaban a los representantes del orden. Hoy se agrede en Chile a los representantes de la Iglesia Católica.

Cumplimos con el deber de recordar que, conforme a las normas canónicas vigentes, quienes ejercen violencia contra la persona de un Arzobispo u Obispo incurren automáticamente en excomunión reservada de modo especial a la Santa Sede (cfr. CIC, 2343, 3).

La misma pena está prevista para quienes dan leyes, mandatos o decretos contra la libertad o contra los derechos de la Iglesia, o los que directa o indirectamente impiden el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica del fuero interno o externo, recurriendo para ello a cualquier potestad laical (CIC, 2334).

La Iglesia cree en el diálogo y en la persuasión, en la paciencia y en la fecundidad del dolor; pero la naturaleza de su misión puede circunstancialmente obligada a recurrir a medidas extremas, contempladas en su ordenamiento jurídico, para salvaguardar su identidad y mover eficazmente la conciencia de sus hijos.

Las acciones que denunciamos y condenamos no son aisladas. Se eslabonan en un proceso o sistema de características perfectamente definidas, y que amenaza imperar sin contrapeso en nuestra América Latina. Invocando siempre el inapelable justificativo de la seguridad nacional, se consolida más y más un modelo de sociedad que ahoga las libertades básicas, conculca los derechos más elementales y sojuzga a los ciudadanos en el marco de un temido y omnipotente Estado Policial. De consumarse este proceso, estaríamos lamentando la "sepultura de la democracia" en América Latina, como acertadamente y a propósito de estos sucesos acaba de manifestarlo Mons. López Trujillo, Secretario General del CELAM.

La Iglesia no puede permanecer pasiva ni neutral ante situación semejante. El legado que ella ha recibido de Cristo comporta el anuncio de la dignidad humana y la protección eficaz de su libertad y sus derechos de persona. Al hacerlo no pretende erigirse en "alternativa de poder", ni usurpa competencias que le serían ajenas.

En virtud del cargo pastoral que nos viene de Cristo apelamos a la conciencia de los católicos, particularmente aquellos que han asumido responsabilidades de gobierno, para que, movidos por un indivisible amor a la Patria y a la Iglesia, empeñen su energía en la reconstrucción de una sociedad basada en el derecho y en el más celoso respeto de la dignidad humana.

Por nuestra parte seguiremos ejerciendo nuestra misión de Pastores de la Iglesia, que es conciencia y alma del mundo y servidora de la humanidad.

Agradecemos al Señor que en la persona de algunos de nuestros hermanos Obispos nos ha encontrado dignos de sufrir ultrajes por su nombre. Muchos otros hermanos, que no son Obispos, han sufrido y sufren ultrajes igualmente condenables, privados arbitrariamente también de su libertad y de su honra o impedidos de ejercer derechos fundamentales de la persona humana. Aquí cabe la reflexión del Señor: "Si esto han hecho con el leño verde, ¿qué no harán con el seco?" (Lc. 23, 31). Agradecemos al Señor esta ocasión privilegiada de experimentar, en carne propia, los sufrimientos de tantos que no pueden defenderse como lo puede un Obispo.

Y a todos ellos, especialmente a nuestros hermanos en el Episcopado, les expresamos nuestra fiel solidaridad, repitiendo las palabras del Maestro:

"Dichosos serán cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, cuando los injurien y proscriban su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. Porque de ese modo trataron sus padres a los Profetas" (Lc. 6, 20-23).


El Comité Permanente del Episcopado

† Raúl Cardenal Silva Henríquez
Arzobispo de Santiago

† Juan Francisco Fresno Larraín
Arzobispo de La Serena

† Carlos González Cruchaga
Obispo de Talca

† José Manuel Santos A.
Obispo de Valdivia

† Carlos Camus Larenas
Obispo Secretario de la Conferencia Episcopal de Chile

Santiago, 17 de agosto de 1976