1. Nuevamente y como expresión de un ciclo que va siendo parte de nuestra historia, vuelve a aparecer entre nosotros el dolor de tantos niños y niñas vulnerados en sus derechos que, en lugar de recibir el amparo y protección de parte de nuestra sociedad y de los organismos del Estado, son afectados por graves situaciones de maltratos, abusos y hasta muerte.
2. La situación del SENAME y sus organismos colaboradores constituye un drama que se extiende desde hace décadas y que demuestra una responsabilidad grave, no sólo de los poderes de Estado, sino de toda la sociedad chilena. Está claro que no hemos sabido cuidar de nuestros niños, de los actuales y futuros jóvenes. Es un hecho evidente que no contamos con la legislación, la institucionalidad ni la capacidad de gestión y aplicación de las leyes que estén a la altura de este drama nacional: el tormentoso día a día, noche a noche, que viven niños y niñas que supuestamente deberían recibir cuidado y protección.
3. Esta situación no sólo ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por diversas personas e instituciones, sino que también desde hace años se ha planteado un conjunto de propuestas para abordar esta realidad escandalosa e indignante. El año 2013 la Conferencia Episcopal hizo presente su parecer ante la primera comisión parlamentaria que investigaba las irregularidades. Y recientemente, en el mensaje de navidad del año 2016, el Comité Permanente denunciaba “la realidad de muchos niños y niñas de nuestro país, vulnerados en sus derechos en situaciones de riesgos apremiantes”. Nos importa que se acojan propuestas que desde hace años se vienen planteando sobre esta materia, y que se relacionan, entre otros aspectos, con los siguientes:
a. La capacidad para atender la magnitud y complejidad de la situación de la infancia.
b. La evidente falta de recursos. De acuerdo a la experiencia de muchos organismos colaboradores de la sociedad civil y de la Iglesia Católica, se estima que la subvención estatal alcanza a cubrir apenas entre el 40% y el 60% de las necesidades reales, debiendo estos propios organismos tener que gestionar los recursos adicionales para brindar una atención básica a niños y niñas.
c. La falta de estándares de calidad para una adecuada gestión de los organismos colaboradores.
d. Las debilidades de la ley de adopciones vigente.
e. El aumento del grado de vulneración y daño de los niños, niñas y adolescentes se expresa en la gravedad de los problemas de salud mental y trastornos psiquiátricos que los afectan y al que no se ofrece respuesta adecuada.
f. El diseño de implementación de una línea de trabajo que refuerce la capacidad de familias y comunidades para prevenir y acoger e insertar a niños y niñas vulnerados en sus derechos.
g. Al aumentar las exigencias de las normas técnicas del SENAME sin que se provean los recursos necesarios para atenderlas, muchas veces esto se traduce en el cierre de residencias por falta de recursos.
4. En este escenario es importante señalar que no bastan mejorías parciales a un sistema que hay que pensar desde sus bases y que requiere de cambios muy radicales para cumplir una función tan delicada para la niñez y el conjunto de la sociedad. En este sentido esperamos que, con el liderazgo de las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pasemos del actual contexto de indignación, de críticas y acusaciones cruzadas a la resolución urgente y clara de medidas que efectivamente pongan en el centro el bienestar y la vida de los niños y niñas, entendiendo que son sujetos de derecho y que el cuidado de su dignidad debería ser una prioridad efectiva para el quehacer del Estado, como garante de sus derechos, y de la sociedad en su conjunto. Este desafío requiere seguir avanzando en la generación de un sistema integral de garantía de derechos de todos los niños y niñas de nuestro país que disponga de los recursos para hacerlo realmente efectivo.
5. Junto a la acción estatal valoramos como un bien para Chile el esfuerzo que despliegan las instituciones por el bienestar e integridad de los más marginados y vulnerados, y su compromiso con el respeto de su dignidad y derechos. Desde hace décadas muchas instancias religiosas han volcado su misión evangelizadora al servicio y acompañamiento de la niñez y la juventud vulnerada, en medio de complejas dificultades de financiamiento y trabas de diversa índole que el sistema pone a su labor. A pesar de ello, seguimos convencidos de que parte de nuestra misión evangelizadora es acoger a los más pequeños del Señor y esforzarnos por ofrecerles ambientes sanos, seguros y confiables para que se desarrollen y contribuyan al bien común de Chile.
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Santiago Silva Retamales
Obispo Castrense de Chile
Presidente
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Pedro Ossandón Buljevic
Obispo auxiliar de Santiago
Presidente Área Pastoral Social Caritas
