Para un proyecto efectivo de Ley de Migraciones necesitamos ver el fenómeno. Y hoy la discusión se centra en dos posturas entre el oficialismo y la oposición, sin guiarse por la realidad que en INCAMI conocemos de cerca. Por un lado, el primer bloque está por la opción de que la persona migrante tramite su visa afuera, mientras que el otro aboga por permitir ingresar al país y cambiar el estatus migratorio con la finalidad de residir y trabajar.

El Gobierno de Sebastián Piñera defiende un sistema de entrega de visas consulares sin opción de cambiar la situación migratoria. Si la solicitud de visa es aprobada afuera la persona podría obtener a la brevedad su RUN chileno, lo que en teoría le permitiría insertarse de mejor forma en la sociedad. Por su lado, la oposición propone implementar una visa de oportunidades laborales con tiempo específico. Esta se solicitaría con el fin de buscar trabajo en Chile otorgando un plazo de 90 días a fin de obtener un contrato laboral. En caso de no ser fructífera la búsqueda, la persona deberá abandonar el país.

Sin embargo, ninguno de las dos propuestas detalla cómo será la operatividad del nuevo sistema. Centran la discusión en defender una teoría sin proponer soluciones a la burocracia actual del sistema migratorio que mantiene a miles de personas en condiciones de vulnerabilidad y transgresión de su dignidad no garantiza el éxito de una nueva política migratoria. Por ejemplo, hoy Chile ofrece migrar por temas humanitarios con la Visa de Responsabilidad Democrática (Venezuela) y Visa de Reunificación Familiar (Haití). Ambos permisos consulares tardan más de 8 meses en ser concedidos, lo cual es contradictorio a su espíritu donde el objetivo es salvar la vida de personas en conflicto.

En lo que sí todos coincidimos es en cambiar el sistema de gestión migratoria que se emplea desde 1975. Su burocracia impide a Chile responder con eficiencia a la alta demanda de visas de los migrantes que ya viven aquí con dificultades para trabajar en el país y mantener a sus familias. Pese a cumplir legalmente los trámites, los documentos tardan más de 8 meses en entregarse. El ahorro del migrante no resiste esa espera.

Por lo tanto, si con la nueva ley los consulados van a tardar lo que tardan hoy en otorgar visas consulares como las humanitarias, entonces veremos la dignidad humana aún más vulnerada. Habrá más personas esperando tiempos excesivamente largos en la tramitación de los documentos para migrar hacia Chile, soportando en sus países condiciones adversas de las que imperiosamente necesitan huir.

No podemos negar que una excesiva burocratización en los procesos de solicitud y entrega de visas sumado a extensos plazos de entrega incide en un aumento de flujos migratorios irregulares que se traducen en ingresos clandestinos al país, donde las personas se exponen a condiciones en extremo riesgosas para mantener sus vidas.

Por otras parte, la gestión de visas laborales en el país requiere de precisiones en cuanto a requisitos y plazos, pues queda la sensación que lo planteado por la oposición es bastante similar al sistema actual, en ese contexto resulta imperioso hacer hincapié en cómo serán las condiciones que se ofrezcan para la búsqueda de empleo, procurando no imponer condiciones abusivas y poco prácticas como lo son las cláusulas exigidas para solicitar la actual visa sujeta a contrato, sin olvidar que durante el último gobierno de la Presidenta Bachelet se estableció una visa temporaria laboral que si bien permitió que muchas personas regularizaran su situación migratoria también motivó la proliferación de inescrupulosos que vieron en los migrantes una fuente de ingresos económicos mediante la venta de contratos de trabajo falsos, ¿Cómo podemos garantizar que algo así no sucederá nuevamente?

En efecto, ambos escenarios proponen situaciones de vulnerabilidad para las personas que migran si no se toman las precauciones y medidas necesarias, es por ello que necesitamos que el Servicio Nacional de Migraciones no sea solo un cambio de nombre de la actual estructura. El proyecto de ley debe detallar un canal más moderno que reemplace, por ejemplo, al actual envío de requerimientos de visas en Santiago mediante correo. También es urgente contar con más empleados y personal capacitado disminuyendo la excesiva burocracia, que ni siquiera la implementación del sistema de trámites digitales ha logrado descomprimir. Urge de sobremanera establecer plazos máximos de respuestas mediante la ley, acotando la espera en la entrega de documentos.

Actualmente tenemos una discusión cuyo foco es puramente teórico y que omite el sentido de realidad. No basta con tener la animosidad de hablar de derechos o prometer condiciones de vida. Chile debe observar el presente para realmente pensar cómo hacer que la migración se realice en condiciones dignas. Y ese desafío de garantizar bienestar no es solo del país, si no que de todos los gobiernos con éxodos de personas.

Daniel Ortega. Abogado
Lauro Bocchi. Vicepresidente Ejecutivo
Instituto Católico Chileno de Migración, INCAMI

Fuente: INCAMI Chile
Santiago, 28-09-2020