En nuestra primera palabra sobre las
“Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad”, anunciamos que realizaríamos un análisis acucioso y multidisciplinario de ellas a partir de estudios de distinguidos académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A la luz de estos antecedentes damos a conocer ahora nuestras conclusiones en una declaración más desarrollada que se resume en esta versión periodística.
A nuestro parecer, la primera palabra que necesita nuestro país no se refiere a la “regulación” de la fertilidad humana, sino a la valoración de la procreación en el contexto del matrimonio y la familia; de la vida y del desarrollo del país. Asimismo, se ha hecho del todo necesaria la educación a la responsabilidad de ese maravilloso don de Dios que es la sexualidad humana.
El don de la vida es sagrado. El reconocimiento del derecho a la vida es el fundamento de la convivencia humana y de la misma comunidad política. Ayer la defensa de los derechos humanos exigió el acompañamiento solidario de las víctimas de todo tipo de violencia; hoy exige la defensa del más indefenso.
Uno de los peligros contra la vida tiene que ver con las
“Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad”. Entendemos y compartimos la preocupación de la autoridad por enfrentar la realidad social del embarazo adolescente; sin embargo, no compartimos las políticas propuestas.
Expresamos nuestra profunda inquietud por la vigencia de estas
Normas que, lejos de ayudar a vivir en un país más humano, promueven medidas unilaterales que impiden asumir la responsabilidad y el desafío de construir un camino seguro hacia el desarrollo humano integral basado en la promoción de valores. Algunas de esas
Normas claramente atentan contra bienes sociales tan fundamentales como la libertad de los padres sobre la educación de sus hijos. Se omite (o se considera muy poco) conceptos básicos como amor, libertad y responsabilidad (personal y social), familia. La “persona” termina reducida a un ser hedonista, materialista e individualista.
En las
Normas aparecen un relativismo ético y una visión antropológica que ponen en riesgo el respeto por la vida y la dignidad de las personas, al menos de los más desvalidos y sin voz frente a los organismos de poder. Entre ellos están no sólo las posibles víctimas de la violencia sexual y de la pobreza, sino también las personas aún no-nacidas (los embriones), de cuya dignidad personal no se habla ni una sola vez en el documento.
Las políticas de regulación de la fecundidad deberían equilibrarse con políticas que la incentiven, y que resuelvan las brechas socioeconómicas y educacionales. Para que estas políticas sanitarias sean efectivas, se requiere educar y proteger el desarrollo adolescente, fortaleciendo el apoyo de la familia y de la escuela. En cambio, en las
Normas se propone privilegiar el derecho a la intimidad y al ejercicio de la autonomía individual por parte de los adolescentes.
Como es probable que la Anticoncepción de Emergencia tenga un efecto “interceptivo” o abortivo, su uso es éticamente inadmisible para quienes respetan la vida de todos los seres humanos. El público tiene derecho a saber que el Levonorgestrel o “píldora del día después” tiene como uno de sus fines el lograr un efecto “interceptivo” o abortivo; que hay hechos que muestran que es probable que tenga este efecto; y que los estudios no lo han descartado.
La procreación es un derecho humano. Al Estado le cabe respetarlo, protegerlo, apoyarlo y velar para que se enseñe a los jóvenes a valorarlo. El Estado también debe guiarlos y apoyarlos a optar por una paternidad y una maternidad responsables. Las
Normas afectan el ordenamiento jurídico chileno y se alejan del cumplimiento de los deberes del Estado hacia las personas y las familias. En opinión de los juristas consultados, el documento evidencia inconstitucionalidades de fondo, pues vulnera tres garantías fundamentales: derecho a la vida, derecho a la vida privada y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos.
Miramos con decepción y preocupación las alusiones peyorativas que contienen determinadas afirmaciones de las
Normas del Ministerio de Salud acerca de los planteamientos que “algunas religiones” pueden hacer frente a estos temas. Preocupa que puedan ser expresión de ciertas posturas ideológicas que sustentan que toda referencia a Dios debe quedar reducida al ámbito de lo privado o a la conciencia individual. Conviene recordar las palabras del Papa Paulo VI:
“Es indudable que el hombre puede organizar la tierra sin Dios; pero sin Dios, al fin y al cabo, no puede organizarla sino contra el hombre”.
El debate, ese noble ejercicio del espíritu humano tan fundamental en el fortalecimiento de la democracia, no puede ser pretexto para inducir y justificar eventuales ataques a los cimientos de la sociedad. El respeto a la vida humana no es debatible.
Con el Papa Juan Pablo II, afirmamos que no queremos para Chile lo que ha sucedido o está sucediendo en otras latitudes donde
“la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino de totalitarismo fundamental. El Estado deja de ser la casa común donde todos pueden vivir según los principios de igualdad fundamental, y se transforma en Estado tirano, que presume de poder disponer de la vida de los más débiles e indefensos, desde el niño aún no nacido hasta el anciano, en nombre de una utilidad pública que no es otra cosa, en realidad, que el interés de algunos (…). Reivindicar el derecho al aborto, al infanticidio, a la eutanasia, y reconocerlo legalmente, significa atribuir a la libertad humana un significado perverso e inicuo: el de un poder absoluto sobre los demás y contra los demás. Pero ésta es la muerte de la verdadera libertad: En verdad, en verdad os digo: todo el que comete pecado es un esclavo (Jn 8, 34)” (Evangelium Vital, 20).
Porque el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús, queremos anunciarlo como buena noticia para nuestra Patria. Proponemos estas reflexiones para meditar responsable e integralmente sobre los problemas que nos aquejan como sociedad, para buscar soluciones que enaltezcan el alma de Chile, pensando en el país que queremos construir de cara al Bicentenario.
El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile(1)
Santiago de Chile, 10 de enero de 2007
(1) Firman:
† Alejandro Goic Karmelic, Obispo de Rancagua, Presidente
† Gonzalo Duarte García de Cortázar, Obispo de Valparaíso, Vicepresidente
† Francisco Javier Errázuriz Ossa, Cardenal Arzobispo de Santiago
† Ricardo Ezzati Andrello, Arzobispo Electo de Concepción; y
† Cristián Contreras Villarroel, Obispo Auxiliar de Santiago, Secretario General
